PROHIBICIÓN DE RETENCIÓN DE PACIENTES O CUERPO DE PERSONA FALLECIDA EN CENTROS DE SALUD

REGISTRO OJ-TCP-S5/11/2019

PROHIBICIÓN DE RETENCIÓN DE PACIENTES O CUERPO DE PERSONA FALLECIDA EN CENTROS DE SALUD

Artículo I. SÍNTESIS

Sección 1.01   DATOS GENERALES DEL CASO

Sentencia: 0154/2018-S1 Fecha de Sentencia: 25 de abril de 2018
Tipo de Recurso o acción: Acción de Libertad
Magistrados: Karem Lorena Gallardo Sejas Georgina Amusquivar Moller
Voto disidente:  Ninguno

Sección 1.02   PROBLEMA JURIDICO DE LA SENTENCIA

El accionante, considera lesionados sus derechos a la libertad física y de locomoción debido a que la parte demandada, no permitía su salida del hospital por falta de pago y mientras no cancelen la deuda generada por los servicios médicos prestados, no podía salir del nosocomio y menos formalizar su alta médica.

Sección 1.03   NORMAS CONSTITUCIONALES OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO
  • Constitución Política del Estado
  • Artículo 23
  • Artículo 60
  • Artículo 125
  • Artículo 126
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)
  • Artículo 7

Artículo II.                     ANÁLISIS

Sección 2.01   HECHOS RELEVANTES A raíz de un accidente de tránsito, fue llevado a la Clínica del municipio de Quillacollo para su atención; empero, por la gravedad de las lesiones y a solicitud del médico tratante, fue transferido a un hospital de la ciudad de Cochabamba donde le realizaron curaciones e injertos de piel; los gastos generados por la internación, operaciones, medicamentos y otros, fueron cancelados en la suma de Bs40 500.- (cuarenta mil quinientos bolivianos) por su hermano y por el responsable del accidente, más el pago efectuado por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) en la suma de Bs24 000.- (veinticuatro mil bolivianos) haciendo un total de “Bs. 60.500”. Posteriormente, al haberse otorgado el alta verbal, el Administrador de la Clínica entregó la liquidación de la cuenta que ascendía a Bs127 205.- (ciento veintisiete mil doscientos cinco bolivianos), monto rebajado a Bs99 705.- (noventa y nueve mil setecientos cinco bolivianos) mismo que resulta de imposible cancelación. Refiere que tanto su madre como el chofer responsable del accidente, son de economía precaria y no pensaron que la suma ascendería a tal monto. Después del alta verbal, la deuda se duplicó, razón por la cual presentó notas el dirigidas tanto al Gerente General de la Clínica, solicitando rebajas y plazos de pago para que luego le den el alta médica, peticiones que incluso realizaron de forma verbal; sin embargo, el gerente de la clínica, señaló que mientras la deuda no sea cancelada, no saldrá de la Clínica, ni formalizarán su alta documentada; aspecto que además incide en el incremento de la deuda.
Sección 2.02   PROCEDIMIENTOS ANTERIORES  

Sentencia Constitucional 1219/2012 de 6 de septiembre de 2012

Refiere que teniendo en cuenta la dignidad de la persona humana, la retención de pacientes dados de alta a efectos de garantizar el pago de servicios de atención médica y honorarios profesionales se constituye en una lesión a la libertad individual y de locomoción, además de vulnerar la dignidad de la persona humana, y por lo mismo prohibida por la Constitución y las leyes.

Sentencia Constitucional 0101/2002-R de 29 de enero de 2002

Señaló que, la retención de los recurrentes se convierte en una típica privación de la libertad física que se genera en la intención del recurrido de hacer efectivo el pago de una suma de dinero que aquéllos adeudan al Hospital por los servicios hospitalarios y médicos prestados. Se califica de ilegal la conducta, decisión y acto del recurrido, por ser contraria a la norma prevista por el artículo 7.7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por cuyo mandato ‘Nadie será detenido por deudas’, así como la norma prevista por el art. 6 de la Ley 1602 de ‘Abolición de Prisión y Apremio Corporal por Obligaciones Patrimoniales’, disposición legal que establece como norma que en los casos de obligaciones de naturaleza patrimonial, el cumplimiento forzoso de las mismas podrá hacerse efectivamente únicamente sobre el patrimonio del o los sujetos responsables.

Sección 2.03   DECISIÓN Sección 2.04      
  Artículo III.                    Se concede la acción de libertad, por cuanto no es permisible la privación de libertad de un paciente ante la falta de cancelación de deuda por servicios hospitalarios y médicos, por afectar el derecho a la dignidad humana, cuando se involucra la libertad corporal como un medio para conseguir un fin estrictamente patrimonial, constituyendo ello una vulneración a los derechos del accionante, máxime si se tratan de personas pertenecientes a grupos vulnerables como son los menores de edad.  
  Artículo IV.                 TESIS   La acción de libertad, está consagrado como un medio de defensa extraordinario en nuestra legislación positiva, tiene una extensión proteccionista, correctiva y reparadora de derechos fundamentales. La jurisprudencia constitucional, en su entendimiento doctrinario a recogido que este mecanismo, tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación. Si bien es cierto que en estos casos la tutela del derecho queda circunscrita a la libertad física del paciente, no es menos cierto que existe una relación innegable entre el acceso a servicios de salud y la mercantilización de salud. Así, muchos casos fueron conocidos por el Tribunal Constitucional en los cuales pacientes quedaban en calidad de prenda hasta que no se cubra lo adeudado al centro médico, la extensa línea jurisprudencial expone que, ningún centro hospitalario público o privado, puede retener a un paciente que no pueda cubrir los gastos que ha demandado su curación, u obligarle a permanecer en el mismo para ser tratado médicamente; ya que las obligaciones patrimoniales recaen sobre el patrimonio del deudor y no así sobre la persona, sin que ello signifique negar la atención a los pacientes que acudan a éstas instituciones, debiendo demostrar para la tutela, que su detención y/o retención en el centro hospitalario de salud público o privado, es a consecuencia de la falta de pago por los servicios prestados en dicha institución y que por ello se le impide dejar el centro de salud pese a contar con alta médica, o la misma es negada bajo condicionamiento y retención del paciente.  

Artículo V.                     LA LENTE DEL OBSERVATORIO

Sección 5.01   LA DIGNIDAD HUMANA

La Constitución Política del Estado, señala que uno de los valores fundamentales, en los que se sustenta el Estado es la dignidad, entendida como aquel derecho que tiene toda persona por su sola condición de humano, para que se le respete como un fin propio y no como un medio para la consecución de fines extraños o ajenos a su realización personal; por lo que uno de sus principales fines y funciones, es garantizar el bienestar colectivo, y el acceso a la salud de sus habitantes; por cuanto la vida es un derecho primigenio, de acuerdo al artículo 35.I de la Constitución, “El Estado en todos sus niveles protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida y bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud”, garantizando la vigencia no solo de centros hospitalarios públicos sino también privados.

Ahora bien, antes de la promulgación de la actual Constitución Política del Estado, la jurisprudencia desarrollada por este Tribunal, realizando una interpretación del ámbito de protección que brindaba el hábeas corpus, actualmente acción de libertad, estableció que ésta solo podía ser interpuesta contra funcionarios públicos y no así contra particulares, razón por la que este Tribunal, en aquellas problemáticas donde se denunciaba la retención de un paciente por parte de centros hospitalarios para el cobro de una obligación por los servicios prestados y consecuente vulneración del derecho a la libertad, esta era rechazada, quedando reservada la protección para el amparo constitucional, a excepción de aquellas denuncias dirigidas a centros hospitalarios de carácter público, donde el Director o encargado era un funcionario público. Bajo ese entendimiento, el Tribunal Constitucional, en problemáticas similares otorgó tutela a través del recurso de amparo constitucional. Así la Sentencia Constitucional 0338/2003-R, de 19 de marzo, señalaba: El respeto de todo ser humano, como un fin en sí, empieza por el respeto a la vida y al reconocimiento de los múltiples derechos en los que se despliega su dignidad, lo que presupone el reconocimiento de su derecho a la existencia.

De tal forma, se puede afirmar categóricamente que el derecho a la dignidad humana es aquel que tiene toda persona por su sola condición de humano, para que se la respete y reconozca como un ser dotado de un fin propio, y no como un medio para la consecución de fines extraños, o ajenos a su realización personal. La dignidad es la percepción de la propia condición humana, y de las prerrogativas que de ella derivan.

En la especie, con la acción de hecho traducida en la retención de una persona para constreñirla al cumplimiento de una obligación, se degrada al ser humano a una condición de objeto que puede ser utilizado como una especie de prenda para garantizar el pago de dicha obligación, lo que está totalmente prohibido por nuestro ordenamiento jurídico y es inadmisible en un Estado de Derecho, entre otras.

Sin embargo, el artículo 126.I de la Constitución establece que la acción de libertad no solamente procede contra autoridades o funcionarios público, sino también contra particulares, señalando que: “La autoridad judicial señalará de inmediato día y hora de la audiencia pública, la cual tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas de interpuesta la acción, y dispondrá que la persona accionante sea conducida a su presencia o acudirá al lugar de la detención. Con dicha orden se practicará la citación, personal o por cédula, a la autoridad o a la persona denuncian”; en base a esta normativa constitucional, es que éste Tribunal en su uniforme jurisprudencia emitida en la presente gestión estableció que tanto los centros hospitalarios públicos como privados, lesionan el derecho a la libertad individual y locomoción de los pacientes dados de alta o en su caso de aquellos que nieguen a dar el alta. Así en un caso similar denunciado a través de la acción de libertad la Sentencia Constitucional 0074/2010-R de 3 de mayo de 2010, otorgo tutela señalando: “En el caso específico, lo mencionado nos permite concluir que, tanto los centros hospitalarios públicos como privados, lesionan el derecho a la libertad individual y de locomoción de los pacientes dados de alta o en su caso de aquellos que se nieguen a dar la alta, cuando con la retención en sus instalaciones pretenden coaccionar el pago de la deuda por cuentas de tratamiento médico e internación; en cuyo caso, corresponde conceder la tutela que brinda el artículo 125 de la Constitución, que está destinada a proteger a toda persona que se creyere ilegalmente restringida o suprimida de su libertad personal y de locomoción, a consecuencia de actos de los funcionarios públicos o de personas particulares.

Análisis realizado por :

Julio Salazar

Julio Salazar

Coordinador general

Sheila Rivera

Sheila Rivera

Directora del Proyecto

Giovani Cuba

Giovani Cuba

Coordinador de proyectos

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