LA VALORACIÓN INTEGRAL DE LA PRUEBA EN CASOS DE APLICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES A PERSONAS ADULTAS MAYORES

REGISTRO OJ-TCP-S3/03/2019

LA VALORACIÓN INTEGRAL DE LA PRUEBA EN CASOS DE APLICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES A PERSONAS ADULTAS MAYORES

Artículo I.                 SÍNTESIS

Sección 1.01               DATOS GENERALES DEL CASO

Sentencia: 0010/2018-S2 Fecha de Sentencia: 28 de febrero de 2018
Tipo de Recurso o acción: Acción de Libertad
Magistrados: Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Carlos Alberto Calderon Medrano
Voto disidente:  Ninguno

Sección 1.02               PROBLEMA JURIDICO DE LA SENTENCIA

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la libertad y a la salud; toda vez que, las autoridades demandadas revocaron la cesación a su detención preventiva, sin considerar que se trata de una persona adulta mayor, emitiendo una Resolución donde no se valoró correctamente la prueba cursante, ni se fundamentó suficientemente los motivos de la decisión; por lo que, el accionante solicita se conceda la tutela, la anulación de las resoluciones impugnadas y se ordene la emisión de una nueva resolución, respetando sus derechos y garantías constitucionales, disponiéndose su libertad inmediata.

Sección 1.03               NORMAS CONSTITUCIONALES OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO  
  • Constitución Política del Estado
  • Articulo 67
  • Articulo 68
  • Artículo 117
  • Articulo 335
  • Declaración Universal de los Derechos Humanos
  • Articulo 2
  • Articulo 22
  • Articulo 25
  • Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores
  • Articulo 13

Artículo II.               ANÁLISIS

Sección 2.01               HECHOS RELEVANTES   Dentro del proceso penal seguido en contra una persona de tercera edad a instancia del Ministerio Público y acusación particular, por presunta comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y otros; el Tribunal de Sentencia Penal del departamento de La Paz, por Auto Interlocutorio concedió la cesación de detención preventiva; sin embargo, ante la apelación formulada por la parte querellante, la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista, revocó la Resolución que lo favorecía, ordenando el cumplimiento de la extrema medida. Señala que, las autoridades demandadas emitieron tal determinación vulnerando derechos fundamentales; toda vez que, dispusieron la detención preventiva ante la supuesta existencia de los riesgos procesales, solo con relación a una actividad lícita, sin tomar en cuenta que es una persona de 78 años de edad quien incluso no está obligada a trabajar; por otra parte, realizaron exigencias, fuera del marco legal, como la acreditación de un contrato de trabajo con reconocimiento de firmas y rúbricas, personería jurídica, Número de Identificación Tributaria (NIT) del empleador, entre otros. Finalmente, los Vocales demandados emitieron una Resolución judicial sin la debida motivación y fundamentación, desconociendo preceptos constitucionales y normas ordinarias que protegen a los adultos mayores, al no considerar que el demandante tiene una familia legalmente constituida, domicilio conocido; sobre todo, que se constituye en adulto mayor enfermo, siendo que su vida corre peligro al estar detenido preventivamente.
Sección 2.02               PROCEDIMIENTOS ANTERIORES  
  • Sentencia constitucional plurinacional 0220/2015-S1 de 26 de febrero de 2015.

Expone sobre el deber de valoración integral de la prueba que tienen los jueces cautelares tiene carácter reforzado en los casos de aplicación de medidas cautelares a personas adultas mayores, especialmente la prueba referente a su estado de salud.

Sección 2.03               DECISIÓN Sección 2.04                  
  Artículo III.                  
  Se concede la acción de libertad, por ser vulnerado el debido proceso y el derecho a la libertad del accionante al ser una persona adulta mayor, toda vez que las autoridades demandadas revocaron la resolución de cesación a la detención preventiva, incurriendo en una valoración errónea de la prueba y sin fundamento alguno, a efectos de determinar la viabilidad de la aplicación o no de medidas sustitutivas a la detención preventiva a favor de este, previo a efectuar el juicio de proporcionalidad de la medida de detención preventiva. Artículo IV.            TESIS   La acción de libertad, está consagrado como un medio de defensa extraordinario en nuestra legislación positiva, tiene una extensión proteccionista, correctiva y reparadora de derechos fundamentales. La jurisprudencia constitucional, en su entendimiento doctrinario a recogido que este mecanismo, tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación. En lo que refiere a la protección a la vida, la Constitución establece como un medio de protección de la misma la acción de libertad, estando ligado a que exista vínculo entre el derecho y la restricción de la libertad. Dicha acción considera la vida como el bien jurídico más importante, según el orden constitucional es el derecho al ser y a la existencia, siendo base esencial para el ejercicio de los demás derechos; es decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones, es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado respetarlo y su protegerlo. Para el caso en concreto, se parte por la vulneración a la vida e integridad de la persona adulta mayor, quien en su situación de vulnerabilidad requiere de mayor protección por parte del estado y la sociedad. La libertad personal, la salud y la vida de la persona adulta mayor, debe ser considerada primordialmente de forma inmediata, por los servidores públicos que administran justicia, más aún si la persona está en un estado de indefensión. Partiendo de la idea de que, en casos de medidas cautelares, aplicables a personas adultas mayores en especial la detención preventiva, se debe tomar en cuenta su especial situación de vulnerabilidad.        

Artículo V.              LA LENTE DEL OBSERVATORIO

Sección 5.01               SOBRE ADULTOS MAYORES Y DERECHOS HUMANOS

Los derechos de los adultos mayores se encuentran reconocidos por la norma suprema y organismos internacionales, otorgándoles particular atención dadas las circunstancias que ubican a este grupo de personas en una situación de desventaja frente al resto de la sociedad, por la razón de que la edad provoca en ellos una serie de limitaciones físicas, psicológicas, y económicas, de donde su resguardo tiene como objeto otorgarles una mejor calidad de vida. Es comprensible el trato preferente y especial, del que deben ser objeto los ancianos, dado que la vejez supone la pérdida de medios de subsistencia ya sea por enfermedades y pérdida progresiva de la salud o porque comúnmente pertenecen a un grupo de personas inactivas económicamente, viéndose limitadas en el ejercicio de sus derechos.

Bajo esa lógica, la Constitución consagra, garantiza y protege los derechos y garantías fundamentales inherentes a las personas de la tercera edad, proclamando una protección especial; así, el artículo 67 de la Constitución, señala; los derechos a una vejez digna, con calidad y calidez humana, dentro de los márgenes o límites legales; además, ha dotado de una serie de medidas e instrumentos legales con el objeto de verter una protección real de este grupo en situación de vulnerabilidad; esa afirmación encuentra sustento, en la Ley General de las Personas Adultas Mayores, de 1 de mayo de 2013, que tiene por objeto regular los derechos, garantías y deberes de estas personas. Los derechos fundamentales y protección especial que merecen las personas de la tercera edad, se encuentran también reconocidos, en instrumentos internacionales, tal es el caso de  la Declaración Universal de Derechos Humanos, en los artículos 2, 22, y 25; así como dentro de los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en los que se destaca el derecho que tienen los ancianos a tener acceso a servicios sociales y jurídicos que les aseguren mayores niveles de autonomía, protección y cuidado  y, a poder vivir con dignidad y seguridad y verse libre de explotaciones y de malos tratos físicos o mentales.

Sección 5.02               PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y    FAVORIBILIDAD

La autoridad, al momento de elaborar una ley, emitir una norma o aplicar una disposición legal que limita un derecho fundamental, debe efectuar un juicio de proporcionalidad en el que se analice aspectos fundamentales, tales como; si la medida restrictiva de un derecho fundamental es idónea para la finalidad buscada con la misma, si la medida restrictiva es necesaria y si acaso, existen otras medidas menos gravosas, que restrinjan en menor grado el derecho fundamental, que podrían ser adoptadas para alcanzar la finalidad perseguida; y analizar la proporcionalidad en sentido estricto que consiste en dilucidar si la afectación, restricción al derecho fundamental no resulta exagerada o desmedida frente a las ventajas que se obtienen con tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Del mismo modo la Corte Interamericana Derechos Humanos, señala de forma categórica que la detención preventiva se encuentra limitada por el principio de proporcionalidad, pues esta medida debe tener un equilibrio o correspondencia con el fin procesal que busca, esto supone una relación de correspondencia, en cuanto a la magnitud o grado, entre el medio usado y el fin buscado; asimismo, refiere: “cuando los tribunales recurren a la detención preventiva sin considerar la aplicación de otras medidas cautelares menos gravosas, en atención a la naturaleza de los hechos que se investigan, la prisión preventiva deviene en desproporcionada”.

La normativa interna señala que sólo podrán ser restringidos de libertad cuando sea indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley. Del mismo modo, cuando exista duda en la aplicación de una medida cautelar o de otras disposiciones que restrinjan derechos o facultades del imputado, deberá estarse a lo que sea más favorable; introduciendo en este punto el principio de favorabilidad, que en materia penal tiene rango constitucional, previsto en el artículo 116 parágrafo I de la Constitucional Política del Estado. Por lo tanto, las medidas cautelares deben ser aplicadas con carácter excepcional, cuando resulten indispensables para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley.

En caso de duda respecto a una medida restrictiva de un derecho, deberá aplicarse lo que le sea más favorable. Se suma que, en los casos de medidas cautelares, en especial la detención preventiva, aplicables a personas adultas mayores, debe tomarse en cuenta su especial situación de vulnerabilidad; y, por ende, el análisis de la necesidad de la medida a ser aplicable, deberá ser interpretada restrictivamente, considerando en todo momento su dignidad y considerando que la detención preventiva es la última medida que puede ser impuesta.

De igual modo; se debe realizar una valoración integral de la prueba y un análisis de la aplicación de la medida cautelar, donde se analicen las condiciones de las personas adultas mayores. Todo ello en el entendido de que los jueces deben analizar todos los elementos probatorios desde una perspectiva diferenciada, en función al contexto y realidad social del adulto mayor, siendo conscientes de sus limitaciones y afectaciones propias de su edad, además los elementos aportados por las partes procesales deben ser valorados de forma amplia, favorable y no restrictiva o perjudicial, evitando formalismos y exigencias de imposible cumplimiento para las personas adultas mayores, pues en su mayoría se encuentran enfermas, laboralmente inactivas, sin patrimonio y muchas veces sin un entorno familiar; circunstancias últimas que de ninguna manera, pueden servir de fundamento en una resolución para acreditar o mantener subsistentes riesgos procesales; pues de hacerlo se incurriría en una falta evidente de razonabilidad y equidad por parte de la autoridad.

Análisis realizado por :

Julio Salazar

Julio Salazar

Coordinador general

Sheila Rivera

Sheila Rivera

Directora del Proyecto

Giovani Cuba

Giovani Cuba

Coordinador de proyectos

Deja un comentario

No hay comentarios

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
X