LA SUBSIDIARIEDAD EXCEPCIONAL DE LA ACCION DE LIBERTAD EN LA DECLARATORIA DE REBELDIA

REGISTRO OJ-TCPS7/11/2019

LA SUBSIDIARIEDAD EXCEPCIONAL DE LA ACCION DE LIBERTAD EN LA DECLARATORIA DE REBELDIA

Artículo I.             SÍNTESIS

Sección 1.01   DATOS GENERALES DEL CASO

Sentencia: 0028/2019-S2 Fecha de Sentencia: 25 de marzo de 2019
Tipo de Recurso o acción: Acción de libertad
Magistrados: Carlos Alberto Calderón Medrano Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Voto disidente:  Ninguno

Sección 1.02   PROBLEMA JURIDICO DE LA SENTENCIA

La problemática versa sobre la declaratoria de rebeldía que sufrió el accionante en un proceso de falsedad material y otros, y la aplicación de justicia constitucional prescindiendo del principio de subsidiariedad de la acción de libertad.

Sección 1.03   NORMAS CONSTITUCIONALES OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO  
  • Constitución Política del Estado:
  • Artículo 25
  • Artículo 125
  • Código Procedimiento Penal
  • Articulo 89
  • Articulo 91
  • Código Procesal Constitucional
  • Articulo 47

Artículo II.          ANÁLISIS

Sección 2.01   HECHOS RELEVANTES

Dentro del proceso penal por la presunta comisión de los delitos de falsedad material y otros, el 10 de octubre los accionantes presentaron apersonamiento en el citado proceso, fecha desde la cual estuvo constituyéndose al Tribunal de Sentencia Penal, averiguando si salía el expediente de despacho para poder obtener copias y estar a derecho; empero, el mismo ingresaba ante las autoridades jurisdiccionales con otros memoriales, siendo imposible notificarse con su apersonamiento.

Es así, que días después (17 de octubre), fueron declarados rebeldes y contumaces a la ley, con una fecha de audiencia de juicio oral que no les fue notificada legalmente; actuado procesal, al que concurrió su abogado patrocinante, para justificar su ausencia por el motivo expresado; sin embargo, pese a ello ordenaron la emisión de los mandamientos de aprehensión.  

Sección 2.02   PROCEDIMIENTOS ANTERIORES  
  • Sentencia Constitucional 0160/2005-R de 23 de febrero de 2005

Sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad.

  • Sentencia Constitucional 0080/2010-R de 3 de mayo de 2010

Sistematizó tres supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, para los casos en los que en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales antes de la imputación formal y judiciales-posteriores a la imputación formal, en los cuales, de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la problemática planteada, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones.

  • Sentencia Constitucional 1888/2013 de 29 de octubre de 2013

Señalo que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando:

1) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito.

2) Cuando existiendo dicha vinculación, no se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones; no obstante, haber trascurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal.

Sección 2.03   DECISIÓN Sección 2.04    

El Tribunal Constitucional Plurinacional, resuelve: confirmar la Resolución dictada por el Tribunal de Sentencia Penal; y, en consecuencia, denegar la tutela solicitada, sin haber ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada.

Artículo III.      TESIS

La acción de libertad, consagrada por el artículo 125 de la Constitución Política del Estado, materializa la existencia de un mecanismo constitucional extraordinario de defensa, dotado de un carácter preventivo, correctivo y reparador, cuya función esencial se traduce en la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares, así como a la vida, cuando ésta se encuentra afectada o amenazada por la restricción o supresión de la libertad, este razonamiento es concordante con el contenido del artículo 65 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional,  estableciendo que el objeto de esta acción extraordinaria es el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos a la vida, a la libertad física y a la locomoción en los casos en que sean restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión, entendimiento que, en consideración a la importancia de los derechos protegidos como son los previamente nombrados, implica que de manera general, la acción de libertad no se encuentra regida por el principio de subsidiariedad; al contrario, se activa sin el previo agotamiento de las vías legales ordinarias, es de tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, sumariedad, informalismo, generalidad e inmediación, características que permiten colegir que esta acción de defensa extraordinaria, procede contra cualquier servidor público o persona particular y tampoco reconoce fueros ni privilegios, correspondiendo conocer y resolver dicha acción constitucional, al juez en materia penal debido al principio de especialidad reconocido en la Ley Fundamental.

No obstante, lo expresado, ante la existencia de medios de impugnación específicos e idóneos para restituir de manera inmediata los derechos objeto de su protección, o bien cuando se activa de manera paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, es decir, tanto en la vía constitucional como en la ordinaria, de manera excepcional opera el principio de subsidiariedad.

La sentencia constitucional 0160/2005-R de 23 de febrero de 2005, sentó las incipientes líneas jurisprudenciales sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, estableciendo que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringida, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional

Artículo IV.       LA LENTE DEL OBSERVATORIO

Sección 4.01   PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD EN LA ACCION DE LIBERTAD

Dada la naturaleza jurídica de esta acción tutelar y su alcance, a partir de la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, se establecieron los supuestos de subsidiariedad excepcional del recurso de acción de libertad, cuando existan medios idóneos e inmediatos para impugnar el supuesto acto o resolución ilegal que vulnera el derecho a la libertad; entendimiento modulado y precisado por el Tribunal en la Sentencia Constitucional 0008/2010-R de 6 de abril, señalando lo siguiente: “ El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas”.

Del mismo modo, la línea jurisprudencial de la Sentencia Constitucional 0080/2010-R de 3 de mayo, determinó cuándo no es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, al señalar: “Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación”.

Por su parte, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0003/2012 de 13 de marzo, señaló: “Con la misma lógica, y considerando los nuevos retos de un Tribunal Constitucional Plurinacional, es importante no activar innecesariamente esta jurisdicción, en la nueva coyuntura constitucional plurinacional, se ve la necesidad de fortalecer otros aspectos inherentes al nuevo modelo de Estado plasmado en la Norma Fundamental; por eso mismo, es imperioso que las controversias que podrían conllevar a suscitar una acción constitucional, previamente sean resueltas y respondidas en las instancias establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, ya sea un vocal, un juez y el propio Ministerio Público.

En consecuencia, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional señalada, la acción de libertad no puede constituirse en un medio adicional o supletorio que pueda ser activado cuando no se hizo uso oportuno de los mecanismos ordinarios de defensa instituidos por el ordenamiento jurídico, cuando aquellos fueron activados extemporáneamente o cuando se pretende obtener un pronunciamiento más rápido sin el previo agotamiento de las instancias respectivas en la jurisdicción ordinaria, pues conforme se ha sostenido, la presente vía, se                                                                                                                                              caracteriza por ser un medio eficaz de defensa de los derechos y garantías de carácter excepcionalmente subsidiario, que únicamente opera cuando no existe otro medio de protección judicial.

Sección 4.02   NATURALEZA JURIDICA DE LA DECLARATORIA DE REBELDIA

Según refiere  Guillermo Cabanellas, la rebeldía es: “Desobediencia de mandato, precepto o autoridad a que se debe acatamiento”; concepto que nos permite definir esta figura jurídica como aquella situación procesal en la que se encuentra una persona a la que se le atribuye la comisión de un ilícito penal, en virtud de la cual, éste desobedece al llamamiento judicial que previamente se le ha hecho para que comparezca a fin de garantizar el cumplimiento de una responsabilidad amparada en los derechos constitucionales que posee como persona natural; es decir, la rebeldía constituye una sanción procesal al imputado que sin una razón válida no acude al tribunal correspondiente, se fuga del establecimiento o se ausenta del lugar asignado para su residencia; ahora bien, ésta sanción no tiene como finalidad agravar la situación jurídica del imputado, si no, resguardar el derecho que tiene la víctima, de que se haga justicia, aún cuando el imputado se resista a comparecer dentro de la causa penal seguida en su contra.

El derecho procesal penal boliviano, determina una serie de medidas destinadas a efectivizar el cumplimiento del principio de celeridad evitando dilaciones innecesarias que a la postre generen no sólo retardación de justicia sino también denegación de la misma con el efecto inmediato de vulnerar los derechos de la víctima y que pudieran emerger tanto de las actuaciones de los administradores de justicia como de los procesados a raíz de posibles incomparecencias de los ajusticiados a las distintas audiencias que emergen de la persecución penal; en este sentido, el ordenamiento jurídico, tratándose del imputado, ha previsto en el art. 87 del Código Procesal Penal, un medio compulsivo a efectos de garantizar el ejercicio de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la defensa del encausado, cual es la declaratoria de rebeldía, que debe ser entendida como la consecuencia que genera la incomparecencia de la parte en la fecha o en el plazo señalado en la citación o emplazamiento, sea desde el inicio del proceso o en determinado momento del mismo; pues su presencia permite la consecución de los fines jurisdiccionales del Estado respecto a la administración de justicia; en consecuencia, su ausencia, entendida como la negatoria de prestar ayuda, merece una sanción. El precepto legal citado dispone que: “El imputado será declarado rebelde cuando:

1) No comparezca sin causa justificada a una citación de conformidad a lo previsto en este Código.

2) Se haya evadido del establecimiento o lugar donde se encontraba detenido.

3) No cumpla un mandamiento de aprehensión emitido por autoridad competente; y, 4) Se ausente sin licencia del Juez o Tribunal del lugar asignado para residir.

Empero; con el objeto de evitar decisiones arbitrarias por parte de los operadores de justicia, en base al principio de equidad que rige la administración de justicia, el artículo 88 del Código Procesal Penal, señala que frente a una posible eventualidad que derivará en la inconcurrencia del procesado ante el emplazamiento judicial: “El imputado o cualquiera a su nombre, podrá justificar ante el juez o tribunal su impedimento; caso en el que se concederá al impedido un plazo prudencial para que comparezca”; del mismo modo la Sentencia Constitucional 0237/2010-R de 31 de mayo, expone lo siguiente; quien ha sido convocado por autoridad competente, podrá evitar la declaratoria de rebeldía y sus consiguientes efectos, demostrando o justificando la existencia de fuerza mayor que impidió su asistencia al llamado; por ejemplo, puede suceder que la ausencia del imputado se deba a un grave impedimento que lo obliga a no hacerse presente, sea por motivos de salud propios o de sus allegados más próximos, situaciones deben ser acreditadas fehacientemente por el justiciable, siendo “atribución de las autoridades jurisdiccionales valorar la prueba presentada de acuerdo a las circunstancias particulares que rodean el caso, para determinar si la inconcurrencia a la audiencia se encuentra debidamente justificada o no.

En conclusión, la declaratoria de rebeldía se constituye en un mecanismo procesal que persigue afianzar la seguridad jurídica dentro del sistema de administración de justicia, pues por medio de ella, la legislación concede la oportunidad de garantizar un debido proceso a través del respeto y cumplimiento de los principios constitucionales y procesales otorgando al imputado el beneficio de no ser juzgado en su ausencia y, en relación al sujeto pasivo, le brinda la seguridad de que no sucederá una prescripción de la responsabilidad penal, ante la cual debe responder el sujeto activo evitando la impunidad y evasión de responsabilidades que pudieran surgir durante la tramitación del proceso, como consecuencia de la fuga o ausencia del imputado para evadir a la justicia.

Análisis realizado por :

Julio Salazar

Julio Salazar

Coordinador general

Sheila Rivera

Sheila Rivera

Directora del Proyecto

Giovani Cuba

Giovani Cuba

Coordinador de proyectos

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