FLEXIBILIDAD DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD PARA MUJERES EMBARAZADAS Y PADRES PROGENITORES

REGISTRO OJ-TCP-S1/01/2019

FLEXIBILIDAD DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD PARA MUJERES EMBARAZADAS Y PADRES PROGENITORES

Artículo I.                 SÍNTESIS

Sección 1.01               DATOS GENERALES DEL CASO

Sentencia: 0619/2019-S4 Fecha de Sentencia: 14 de agosto de 2019
Tipo de Recurso o acción: Amparo Constitucional
Magistrados: René Yván Espada Navía Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Voto disidente:  Ninguno

Sección 1.02               PROBLEMA JURIDICO DE LA SENTENCIA

La problemática versa en el despido intempestivo que sufre la demandante, estando en etapa de gestación. Al verse vulnerados derechos de la madre progenitora se interpuso un procedimiento administrativo sumarísimo, dentro del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de las Jefaturas Departamentales de Trabajo, para determinar si el retiro es justificado o no.

Realizada la audiencia, se procede a emitir una conminatoria de reincorporación y pago de salarios devengados, conminatoria que fue totalmente obviada por el demandado, dando curso a la vía constitucional.

Sección 1.03               NORMAS CONSTITUCIONALES OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO
  • Constitución Política del Estado:
  • Articulo 46 I.
  • Articulo 48 V Y VI.
  • Articulo 49 III.
  • Articulo 62
  • Articulo 64 II.
  • Declaración Universal de Derechos Humanos
  • Ley General del Trabajo y su Reglamento
  • Ley 975 de 2 de marzo de 1988:
  • Articulo 1 y 2
  • Decreto Supremo (DS) 0012 de 19 de febrero de 2009
  • Articulo 2

Artículo II.               ANÁLISIS

Sección 2.01               HECHOS RELEVANTES

La Señora “A” entro a trabajar el 1 de agosto de 2017, en la empresa Estación de Servicio Radial 10, de propiedad de
“B”, como vendedora de líquidos de bomba, para cargar combustible a todo tipo de vehículos, labor que desarrolló en forma responsable cumpliendo sus respectivos turnos; habiendo pactado el pago de salario mínimo a partir de que cumpla un año de antigüedad.

Sin embargo; el 8 de octubre de 2018, fue convocada por la hija del propietario de la citada empresa, indicándole que le cesaban de sus funciones debido a que se encontraba embarazada, y ello le traería problemas a la empresa; intentando obligarle a firmar una carta de renuncia, al negarse a hacerlo, procedieron inmediatamente a despedirla, argumentando que habría cargado combustible a un vehículo bloqueado, cuando el motivo del despido eran los seis meses de gestación, con el propósito de evitar otorgarle los beneficios sociales que le correspondían como madre progenitora.

La demandante acudió ante la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz, solicitando su restitución a su fuente laboral; entidad, que, recibida la denuncia, realizado los trámites previos, y habiéndose realizado la audiencia, pronunció la Conminatoria de Reincorporación Laboral por inamovilidad Laboral por ser Madre Progenitora, mediante la cual, ordenó a la empresa Estación de Servicio Radial 10, proceda a la restitución inmediata a su fuente laboral, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales que le correspondan. Resolución con la que, la empresa fue debidamente notificada el 1 de noviembre de 2018; pese a ello, se rehusó a cumplir con lo dispuesto en la Conminatoria, haciendo caso omiso a lo dispuesto por la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz.

Ante la negativa de los propietarios de la empresa demandada de dar cumplimiento a la determinación de la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz, se vio en la necesidad de interponer la presente acción de amparo constitucional, en busca de la protección de sus derechos.

Sección 2.02               PROCEDIMIENTOS ANTERIORES  
  • Sentencia Constitucional 0771/2010-R de 2 de agosto de 2010

Dota de protección a las familias, mujeres en gestación y padres que tengan hijos menores de un año, lo que supone que en estos casos se tendrá por lesionado el derecho de estos, cuando el empleador, pese a conocer la situación de embarazo de la mujer trabajadora o padre progenitor, lo despide en un acto de discriminación.

Además de proteger su inamovilidad laboral hasta que el menor tenga un año de edad, condición que no está sujeta a requisitos o condiciones por parte de empleador, ya que, con una fuente laboral, al menos se asegurará a la madre o progenitor el poder agenciar los medios necesarios para proteger las necesidades más premiosas que demande el niño o niña recién nacidos.

  • Sentencia Constitucional 0143/2010-R de 17 de mayo 2010

Establece que, el amparo constitucional se encuentra regido por los principios de subsidiariedad e inmediatez; sin embargo, estos principios no son elementales cuando se esté vulnerando otros derechos fundamentales, como el derecho al trabajo, que va ligado a la subsistencia, la vida y no solo de la persona individual, sino de todo su grupo familiar que depende de un trabajador. Por lo tanto; la justicia constitucional debe resolver el caso con el único requisito que previamente acuda ante las Jefaturas Departamentales de Trabajo a denunciar el retiro injustificado y se emita en su favor la conminatoria de reincorporación, de ser incumplida la conminatoria, se da paso al Amparo Constitucional.

  • Sentencia Constitucional 0900/2013 de 20 de junio de 2013

Cambia la línea Jurisprudencial de la sentencia constitucional 0143/2010-R de 17 de mayo 2010 anteriormente mencionada; puesto que el Tribunal de garantías, antes de ordenar el inmediato cumplimiento de la conminatoria, deberá realizar una valoración integral de los datos del proceso, los hechos y los supuestos derechos lesionados a efectos de hacer prevalecer la verdad material sobre la formal; es decir, verificar si el pronunciamiento de la Jefatura Departamental de Trabajo fue idónea o no, señalando que la sola conminatoria de reincorporación del trabajador a su fuente laboral por parte de las Jefaturas Departamentales de Trabajo, no provocaba que el Tribunal conceda directamente la tutela y ordene su cumplimiento sin previa valoración completa e integral de los hechos. (existe voto disidente)

  • Sentencia Constitucional 0177/2012 de 14 de mayo de 2012

Establece que con el objeto de resguardar al trabajador ante despidos arbitrarios y sin causa legal justificada, se creó un procedimiento administrativo sumarísimo, otorgándole facultades al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de las Jefaturas Departamentales de Trabajo, para determinar si el retiro es justificado o no, para luego proceder a emitir una conminatoria de reincorporación y finalmente recurrir a la jurisdicción constitucional, en caso de resistencia del empleador a su observancia, medida adoptada con el fin de garantizar el cumplimiento inmediato de un acto administrativo a través de la jurisdicción constitucional.

  • Sentencia Constitucional 0015/2018-S4 de 23 de febrero de 2018

La sentencia constitucional refiere que la jurisdicción constitucional no constituye una instancia más, dedicada a la ejecución de decisiones administrativas, ni se le atribuye al Tribunal funciones coercitivas para el cumplimiento de las mismas, sino, es un mecanismo rápido y efectivo para el restablecimiento del derecho fundamental al trabajo, a través de la materialización efectiva del cumplimiento de la orden de reincorporación laboral, más el consecuente pago de los salarios devengados y otros derechos laborales que  correspondan, teniendo el empleador la jurisdicción ordinaria a fin de demostrar la ilegal o indebida Conminatoria emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo.

Sección 2.03               DECISIÓN Sección 2.04                

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión a todo lo expuesto, tomando en cuenta la normativa aplicable anteriormente mencionada, decide confirmar la resolución emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo, y conceder tutela a los derechos invocados, debiendo la parte demandada dar pleno cumplimiento a la Conminatoria de Reincorporación laboral e inamovilidad Laboral.

Artículo III.             TESIS

La autoridad interprete de nuestra constitución, falló de manera correcta e idónea a la presente Acción de Amparo Constitucional, ya que es evidente el despido y la omisión a la conminatoria emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo.

Recordemos que nuestra Constitución se caracteriza por sentar sus bases en el constitucionalismo social, que según Ermo Quisbert “es la ideología por el cual el Estado ejecuta determinadas políticas sociales que garantizan y aseguran el ‘bienestar’ de los ciudadanos” por ello propugna dotar, reivindicar y prevalecer los derechos sociales, tales como los derechos laborales, entre otros. Este caso concibe mayor relevancia porque no solo hablamos de un trabador, sino de una persona en estado de gestación, la misma considerada como vulnerable, requiriendo mayor protección e inclusión por parte de la sociedad y principalmente del estado, por su función protectiva, tal como señala Jorge Machicado “el estado es anti individualista, tiende a la protección de vastos sectores de trabajadores”. Cabe resaltar que las mujeres embarazadas requieren una protección que les garantice que no perderán sus empleos por el solo hecho del embarazo o de la baja por maternidad. Esta protección no sólo garantiza a las mujeres la igualdad en el acceso al empleo, sino también les garantiza el mantenimiento de unos ingresos que son vitales para el bienestar de toda su familia. La garantía de la salud de las trabajadoras embarazadas y de las madres en período de lactancia, y la protección contra la discriminación en el trabajo, son condiciones requeridas para alcanzar una genuina igualdad de oportunidades y de trato para hombres y mujeres en el trabajo, y para permitir que los trabajadores constituyan familias en condiciones de seguridad.

La Constitución Política del Estado Plurinacional en el artículo 48 parágrafo VI protege a las mujeres en estado de gestación y padres progenitores, con el objeto de evitar cualquier tipo de discriminación, despidos intempestivos que sean realizados por el empleador a causa de su situación. Además, esta disposición perdura hasta que el menor cumpla un año de edad garantizando la estabilidad e inamovilidad laboral para los padres.

Del mismo modo, la normativa internacional, abre un amplio abanico de protección los derechos laborales; tal es el caso de la OIT, que suscribió diversos convenios para la protección laboral y la estabilidad de la misma para esta parte de la sociedad por su situación de vulnerabilidad, el último convenio aprobado sobre la protección de la maternidad es el Convenio 183 del año 2000, que salvaguarda la situación de las mujeres trabajadoras y la necesidad de brindar protección al embarazo, como responsabilidad compartida de gobierno y sociedad.

Sin embargo; el problema central para el Tribunal Constitucional es la aplicabilidad del principio de subsidiariedad e inmediatez. En teoría, todos estamos conscientes sobre la obligatoriedad de las conminatorias emitidas por las Jefaturas Departamentales del Trabajo, es por ello que la sentencia constitucional 0143/2010-R de 17 de mayo 2010, nos habla sobre los principios de inmediatez y de subsidiariedad, y que la justicia constitucional velando principalmente por los derechos fundamentales y derechos del trabajador debe resolver el  caso con el único requisito que inicialmente haya acudido a las Jefaturas Departamentales de Trabajo a denunciar el retiro injustificado y se emita en su favor la conminatoria de reincorporación, de ser obviada la conminatoria, se da paso a la vía constitucional, mediante un  Amparo Constitucional.

Artículo IV.            LA LENTE DEL OBSERVATORIO

Sección 4.01               SOBRE EL PRINCIPIO DE INMEDIATEZ Y SUBSIDIARIEDAD

Los principios de inmediatez y subsidiariedad son los dos principios rectores de la acción de amparo constitucional, por lo tanto; es necesario explicarlos brevemente para entender de mejor manera el fallo del Tribunal.

La subsidiariedad en la acción de amparo constitucional se encuentra descrita en los artículos 182 y 129 de la Constitución, exponiendo que para interponer esta acción es necesario haber agotado todas las instancias que la ley franquea, para la tutela o reparación del derecho vulnerado, suprimido o agraviado, caso contrario esta acción será rechazada. Dicha acción se constituye como un instrumento subsidiario y supletorio en la reparación y protección de los derechos fundamentales, por lo cual no es posible interponerla cuando exista procedimiento ordinario posterior a la acción de amparo, ya que esta acción es un medio eficaz y breve de restablecimiento de derechos fundamentales, por lo tanto, no puede ser utilizado como una etapa más del proceso ordinario.

Cabe resaltar, que todos los procesos deben seguir recursos o vías idóneas para reestablecer el derecho vulnerado, pero si este no se ve reparado por estos, o en su defecto la espera y la celeridad del proceso afecte de manera considerable y el daño sea irreparable, este principio no es indispensable y agotar todas las instancias de la vía no son obligatorias, tal es el caso de la sentencia constitucional objeto de análisis. Por lo tanto; es nula la posibilidad de poder interponer la acción de amparo sin agotar procedimientos anteriores, si el derecho no se encuentra en peligro inminente por la espera o dilatación del proceso, afectara o agravara la situación del recurrente.

Sección 4.02               ACERCA DE LA EFICIENCIA, EFICACIA Y APLICABILIDAD

La Sentencia Constitucional 0900/2013 de 20 de junio de 2013, altera la línea jurisprudencial seguida por la sentencia constitucional 0143/2010-R de 17 de mayo 2010 anteriormente, este cambio jurisprudencial, refiere que el empleador después de haber obtenido una conminatoria de reincorporación laboral a su favor y que esta no haya sido cumplida, puede impugnar ésta determinación ante la justicia ordinaria, conforme previene el Decreto Supremo 0495; interponiendo una acción laboral dentro los alcances establecidos por el art. 65 del Código Procesal del Trabajo, precepto que otorga la posibilidad al empleador de constituirse en parte demandante en una acción social, instancia en la que finalmente se establecerá si el despido fue o no justificado, esto debido a que la justicia constitucional sólo viabiliza la tutela inmediata ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal justificada. Sin embargo, la acción de amparo constitucional, no es una instancia más iniciada a través de la jefatura departamental del trabajo, y que de manera directa se concederá tutela al derecho invocado, más al contrario, el tribunal deberá realizar una valoración del caso en concreto para poder dan una solución viable y armónica, haciendo prevalecer los derechos y garantías plasmados en la constitución.

Dentro de la amplia gama jurisprudencial existen diversas líneas a seguir, las cuales deben armonizarse para la resolución más adecuada a cada caso, en atención a los derechos fundamentales obteniéndose vía integración de jurisprudencia el estándar más alto, teniendo su fundamento en la Constitución, que configura la obligación de interpretación más favorable en materia de Derechos Humanos, asumiendo como parámetros las cláusulas de interpretación contenidas en los Tratados y Convenios Internacionales sobre la materia, entre ellas, estableciendo que el juzgador debe aplicar aquellas normas y criterios de interpretación que resulten más favorables al respeto y goce de los derechos constitucionales de todas las personas. Tal cual expone el presente caso, que tiene como actor a una mujer embarazada.

Sobre el problema jurídico, el Tribunal Constitucional Plurinacional, establece diferentes razonamientos a tiempo de resolver los casos concretos, procura garantizar la efectiva tutela de los derechos y garantías constitucionales, estableciendo que el análisis de la jurisprudencia constitucional debe observar una dinámica cambiante y evolutiva; es decir, verificar el desarrollo de la jurisprudencia, identificando las sentencias confirmadoras o reiteradoras de línea, sentencias mutadoras o cambiadoras de línea y sentencias reconductoras de línea, con la finalidad de señalar el razonamiento vigente. Ahora bien, encontrándose el juez en dicha tarea, la jurisprudencia constitucional, previó algunos presupuestos ante los cuales dicha autoridad podría encontrarse antes de aplicar determinado razonamiento jurisprudencial, establece, que en caso de encontrarse ante dos sentencias antagónicas o, que no siéndolo, contengan criterios progresivos, observe el estándar más alto de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales.

Por lo tanto, la sentencia constitucional 0619/2019-S4, fue resuelta correctamente, pues una vez más se evidencio que dentro del trabajo aún existe discriminación, desigualdad y poca inclusión para las trabajadoras en etapa de gestación, dejando sin efecto los derechos y garantías insertos en la Constitución y normas pertinentes. Se dejó de lado el principio de igualdad formal y sostuvo un principio de igualdad material ante la ley de forma que permite tomar medidas diferenciadas para sectores sociales esencialmente vulnerables, tal es el caso de las mujeres embarazadas o padres progenitores, haciendo prevalecer un estado social de derecho.


www.observatorio.legal

Análisis realizado por :

Julio Salazar

Julio Salazar

Coordinador general

Sheila Rivera

Sheila Rivera

Directora del Proyecto

Giovani Cuba

Giovani Cuba

Coordinador de proyectos

Deja un comentario

No hay comentarios

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
X