EL DEBIDO PROCESO Y SU VINCULACIÓN CON EL DERECHO A LA LIBERTAD. RECONDUCCIÓN DE LINEA JURISPRUDENCIAL

REGISTRO OJ-TCP-S4/011/2019

EL DEBIDO PROCESO Y SU VINCULACIÓN CON EL DERECHO A LA LIBERTAD. RECONDUCCIÓN DE LINEA JURISPRUDENCIAL

SÍNTESIS

Sección 1.01   DATOS GENERALES DEL CASO

Sentencia: 0678/2018-S2 Fecha de Sentencia: 23 de octubre de 2018
Tipo de Recurso o acción: Acción de Libertad
Magistrados: Carlos Alberto Calderón Medrano Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Voto disidente:  Ninguno

Sección 1.02   PROBLEMA JURIDICO DE LA SENTENCIA

El problema jurídico versa sobre la supuesta vulneración del derecho al debido proceso y la libertad que sufre el accionante, por parte de las autoridades que emiten la Resolución, alegando que se le vulnero el derecho al debido proceso, mediante el hostigamiento y persecución indebida.

Sección 1.03   NORMAS CONSTITUCIONALES OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO  
  • Constitución Política del Estado
  • Artículo 125
  • Artículo 196
  • Artículo 203
  • Artículo 208
  • Código Procesal Constitucional
  • Artículo 33
  • Artículo 46
  • Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (CIDH)
  • Artículo 1

Artículo II.                     ANÁLISIS

Sección 2.01   HECHOS RELEVANTES   El fundamento principal que motivó la interposición de la presente acción de defensa, es la persecución ilegal e indebida que viene sufriendo de parte de “X”, quien buscando restringir sus derechos a la libertad física y a una vida digna por intermedio de un trabajo; presentó una denuncia en su contra el 2016 por la presunta comisión de delitos electorales, proceso en el cual, se dictó una Sentencia en su contra que en la actualidad se encuentra sujeta a resolución de un recurso de apelación restringida. Alegando también que ”X”, presentó una acción de cumplimiento, sin gozar de legitimidad alguna ni dar cumplimiento a los requisitos previstos por la amplia jurisprudencia, solicitando mediante dicha acción la observancia del de la Ley del Régimen Electoral; sorprendiendo la sana critica de la autoridad judicial que admitió la citada acción constitucional, situación que amenaza su derecho al trabajo, íntimamente relacionado con el derecho y garantía constitucional de una vida digna, de su persona como de su familia a través de una remuneración justa por el cargo de funcionario electo. Asimismo, manifiesta que la acción de cumplimiento tiene el objeto de restringir el ejercicio de sus funciones y la supresión de un sueldo que le permita su subsistencia y una vida digna; y que la misma fue interpuesta contra los miembros del Consejo Municipal de Quillacollo y del Tribunal de Sentencia Penal de Quillacollo, sin mencionarlo en ninguna parte como tercero interesado, aspecto que no fue observado por el Juez de Sentencia Penal y Liquidador  conforme lo exige el Código Procesal Constitucional. Denunció que el Órgano Electoral Plurinacional en el citado Informe, estableció criterios respecto a una solicitud de suspensión temporal del Alcalde Municipal de Quillacollo, concluyendo: “Que la aplicación del artículo 239 de la Ley del Régimen Electoral, respecto a la suspensión temporal de funciones al momento de emitir acusación formal corresponde a la justicia penal ordinaria”, aspecto totalmente errado debido que la citada norma no establece que autoridad puede o tiene facultad para suspender a dicha autoridad de su cargo. Finalmente, señala que el referido informe nunca le fue notificado, a pesar de una solicitud verbal y otra escrita presentadas ante el Órgano Electoral Plurinacional, situación que le impide realizar objeciones o requerir aclaraciones y complementaciones, constituyendo dicha opinión jurídica, ilegal y sin sustento normativo claro y preciso.
Sección 2.02   PROCEDIMIENTOS ANTERIORES
  • Sentencia Constitucional 0217/2014 de 5 de febrero de 2014

La lesión al debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho.

Únicamente cuando se trata de materia penal, la acción de libertad es el medio idóneo, eficaz y eficiente para restablecer el debido proceso en todos sus elementos, en este marco y de acuerdo a este entendimiento, para el procesamiento indebido y su tutela a través de la acción de libertad no es necesario que el acto u omisión denunciados como lesivos sean la causa directa de la supresión o restricción al derecho a la libertad, sino que el acto u omisión acusada de vulneratoria, puede ser la causa directa o indirecta de la restricción o supresión al derecho a la libertad. Este criterio se configura como el estándar más alto para la línea del procesamiento indebido y su tutela a través de la acción de libertad.

Sección 2.03      
  Sección 1.01   DECISIÓN    Sección 1.02   Artículo II.       El tribunal Constitucional decide confirmar la resolución emitida por el juez de sentencias y  denegar la tutela impetrada, bajo el argumento de que la persecución ilegal o indebida se configura con los siguientes presupuestos: La búsqueda u hostigamiento de una persona con el fin de privarle de su libertad sin motivo legal o por orden de una autoridad no competente; y la emisión de una orden de detención, captura o aprehensión al margen de lo previsto por ley; cuestión que no se configura en el presente caso.  
    Artículo I. TESIS   La Constitución Política del Estado en el artículo 125 señala que se podrá interponer la acción de libertad cuando una persona considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, solicitando que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. El accionante recurre a la acción de libertad, señalando que es indebidamente perseguido y denuncia la lesión de un debido proceso íntimamente relacionado con el derecho y garantía constitucional de la vida, en su elemento de una vida digna a través de acceso a un trabajo; sin especificar norma legal o constitucional al respecto. Esto en el entendido de que se podía acudir a la protección de estos derechos mediante la acción de la libertad, no siendo necesaria la vinculación con el derecho a la libertad o que se desprendan de ella, pues la norma constitucional respecto al debido proceso, no condiciona la procedencia de acción de libertad a la vinculación directa entre la lesión o el hecho con el derecho a la libertad. En este entendido; mediante la Sentencia Constitucional 0217/2014 de 5 de febrero de 2014, el Tribunal Constitucional Plurinacional efectuó la reconducción de la línea jurisprudencial instaurada por las Sentencias Constitucionales 0219/2004-R de 19 de octubre de 2004 y la 1865/2004-R de 1 de diciembre de 2004 línea sentada respecto de la tutela del debido proceso vía acción de libertad. Las mismas desarrollaron la posibilidad de tutelar el debido proceso vía acción de libertad siempre y cuando las lesiones o arbitrariedades se encuentren vinculadas al derecho de a la libertad o que el acto este directamente relacionado con la privación de libertad. Mediante Sentencia Constitucional 1609/2004 de 19 de agosto de 2014 el Tribunal Constitucional redujo la línea jurisprudencial, disponiendo que, en consideración a la naturaleza jurídica de la acción de libertad, cuyo objetivo principal es la tutela del derecho a la libertad, no puede modificarse para asuntos procedimentales que no se hallan vinculados al derecho a la libertad y el debido proceso, tampoco podrán ser evaluados y considerados a través de la acción de libertad, correspondiendo su tratamiento a la acción de amparo constitucional, una vez agotados todos los medios intraprocesales, como medio de defensa idóneo en la jurisdicción constitucional para reparar y subsanar los defectos procesales en que pudieran haber incurrido. En consecuencia, es necesario establecer que a partir de la presente sentencia son susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad, las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al acciónate en absoluto estado de indefensión o que se hayan agotado todas las vías de impugnación que la ley franquea.  

Artículo II.                     LA LENTE DEL OBSERVATORIO

Sección 2.01   EL DEBIDO PROCESO Y PERSECUCION ILEGAL

El debido proceso, es una garantía constitucional que implica el reconocimiento y respeto de una serie de elementos que se configuran al momento de resolver una controversia, que permitan adoptar soluciones justas y correctas, considerando los derechos y obligaciones que están bajo consideraciones de un administrador de justicia. Por otro lado; la persecución penal de un individuo que cometió un ilícito o varios, es legal mientras no se demuestre lo contrario, mientras no se vulnere derechos y garantías constitucionales en su proceder y ejecución, se torna de ilegal esa persecución, cuando en los hechos no existe ni la mínima participación criminal, no existe ni la mínima evidencia o indicio que el individuo participo en el ilícito penal, o es ilegal también cuando la autoridad encargada de la persecución del individuo excede en sus funciones y deberes en la detención o privación de libertad.

Ahora bien, con relación a la procedencia de la acción de libertad cuando son vulnerados estos derechos el Tribunal Constitucional ha desarrollado amplia línea jurisprudencial, tal es el caso de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0005/2018-S1 de 27 de febrero de 2018, la cual expone que, en relacional debido proceso, “debe entenderse que la inobservancia al debido proceso, ha sido la causa principal para la afectación del bien jurídico libertad; pues, de lo contrario, si los actos emergentes del procesamiento no ponen en riesgo la libertad y no ocasionan su restricción, no podrán ser evaluados y considerados a través de la acción de libertad, correspondiendo su tratamiento, una vez agotados todos los medios intra procesales, a la acción de amparo constitucional, como medio de defensa idóneo en la jurisdicción constitucional para reparar y subsanar los defectos procesales en que pudieran haber incurrido tanto servidores públicos como personas particulares. …Consecuentemente, la acción de libertad no opera en casos de haberse denunciado el procesamiento ilegal o indebido si es que los actos denunciados como ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública no están vinculadas directamente con el derecho a la libertad o no operan como causa directa para su restricción”.

En cuanto a la persecución ilegal el Tribunal Constitucional ha referido que existen dos presupuestos para la configuración de la persecución; la primera cuando hay hostigamiento sin que exista motivo legal ni orden de aprehensión por parte de autoridad competente y el segundo presupuesto se configura cuando pese a la emisión de una orden de detención, captura o aprehensión sean contempladas al margen de los casos previstos por la ley.

Análisis realizado por :

Julio Salazar

Julio Salazar

Coordinador general

Sheila Rivera

Sheila Rivera

Directora del Proyecto

Giovani Cuba

Giovani Cuba

Coordinador de proyectos

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