SOBRE LA APLICABILIDAD DE LA CLÁUSULA DE SUCESIÓN PRESIDENCIAL IPSO FACTO REFERIDA EN EL COMUNICADO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2019

REGISTRO OJ-TCP-S3/03/2019

SOBRE LA APLICABILIDAD DE LA CLÁUSULA DE SUCESIÓN PRESIDENCIAL IPSO FACTO REFERIDA EN EL COMUNICADO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2019

Artículo I. SÍNTESIS

Sección 1.01   RELACIÓN DE HECHOS

El domingo 10 de noviembre de 2019, la crispación política nacida de un fraude electoral convalidado tras un informe preliminar de la OEA, junto a un conjunto de protestas cívicas pacíficas mantenidas desde el día de la elección presidencial, vicepresidencial y de la Asamblea Legislativa Plurinacional del 20 de octubre de 2019, el reconocimiento de la legitimidad cívica por parte de la Policía Nacional, así como del Alto Mando Militar, quienes en su conjunto pidieron la renuncia de Evo Morales Ayma, condujeron a la renuncia pública de las principales autoridades en ejercicio del partido oficialista del Movimiento al Socialismo (MAS). Entre las renuncias más significativas estuvo la renuncia de Evo Morales Ayma a la Presidencia, la de Álvaro García Linera a la Vicepresidencia y la de Adriana Salvatierra a la Presidencia de la Cámara de Senadores.

El martes 12 de noviembre de 2019, tras dos días de acciones violentas organizadas por los seguidores del Movimiento al Socialismo, que asolaron varias ciudades de nuestro país, en particular, zonas de la ciudad de La Paz, algunas de la ciudad de El Alto y que desembocaron en la destrucción de propiedades privadas y públicas, incineraciones de bienes públicos y privados y saqueos, la Asamblea Legislativa Plurinacional sesionó y posesionó a la Dra. Jeanine Añez Chávez, como Presidenta Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia.

La sesión legislativa tuvo las características de sesionar sin un quórum mínimo, innecesario pese a la resistencia política de los Asambleístas del MAS y el nombramiento sin formalidades de la Senadora Dra. Jeanine Añez Chávez, como Presidenta del Senado para dar curso a la sucesión presidencial.

Sección 1.02   NORMAS CONSTITUCIONALES OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO
  • Constitución Política del Estado
  • Artículo 169.I.
  • Articulo 170

Artículo II.                     ANÁLISIS

Sección 2.01   PROCEDIMIENTOS ANTERIORES  
  • Declaración Constitucional No 0003/01 de 31 de julio de 2001

De la Declaración Constitucional, puede leerse una interpretación de la Constitución Política del Estado reformada de 13 de abril de 2004 en la que el Tribunal Constitucional da curso a una sucesión presidencial sin ninguna formalidad, es decir sin que se emita una ley ni una resolución congresal. Esto debido a que el Tribunal Constitucional otorga mayor importancia a la inmediatez de la sucesión presidencial.

El precedente que se extrajo de dicha Declaración Constitucional es el siguiente: “Que, consiguientemente, lo establecido en el art. 91 no es aplicable al caso concreto consultado, dado que aquí se está frente a una sucesión presidencial, originada en la vacancia de la Presidencia de la República, ocasionada por la renuncia del Jefe de Estado y no a un acto de proclamación, no requiriéndose de Ley ni de Resolución Congresal para que el Vicepresidente asuma la Presidencia de la República; si no que conforme al texto y sentido de la Constitución, el Vicepresidente asume ipso facto la Presidencia de la República hasta la finalización del período constitucional; cualquier entendimiento distinto podría atentar contra la inmediatez en la sucesión presidencial, prevista en el orden constitucional”.

  • Sentencia Constitucional 0076/2005 de 13 de octubre de 2005

La Sentencia se pronunció sobre la constitucionalidad de una ley y un decreto y en la parte saliente de la argumentación que presentó el ex presidente de Bolivia Eduardo Rodríguez Veltzé se anota lo siguiente:

“la doctrina constitucional acepta la teoría de la mutación constitucional, siempre que exista una excepción dentro de la propia Constitución, permitiendo la modificación de la aplicación de algunos artículos por hechos excepcionales, pero sin cambiar la esencia de lo que dichos artículos disponen, permitiendo su posterior aplicación.  Tal es el caso del 93.III de la CPE, ya que al realizarse la excepción (sucesión constitucional) de que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia tome el cargo de Presidente de la República, obliga a que se llame a elecciones generales dentro de los 180 días siguientes, acortando los cinco años de duración del periodo constitucional para el Presidente, Senadores y Diputados”

“Añade que en “materia de interpretación del derecho constitucional”, se rechaza toda posición de pureza metodológica, correspondiendo en esta materia el logro de un resultado que propone desentrañar el verdadero y correcto sentido de la norma jurídico constitucional que satisfaga la finalidad última del Derecho: la paz social y el bienestar general, haciendo posible el cumplimiento integral de sus fines esenciales por parte del individuo y el Estado. En ese sentido, el constitucionalista César Enrique Romero señala que una de las perspectivas desde la cual puede interpretarse la Constitución es el método político, que urge ir más allá de la mera comprobación dogmática de las prescripciones constitucionales, debiendo preguntarse el intérprete sobre la verdad del régimen político que la Constitución ha receptado normativamente en cuanto a su real vigencia en la sociedad”

“La Constitución Política del Estado es, en esencia, el resultado de un acuerdo político que emerge de la voluntad soberana del pueblo, siendo las reformas constitucionales también decisiones políticas respecto a las cuales no cabe su judicialización”.

Artículo II.                     ANÁLISIS

Sección 2.01   PROCEDIMIENTOS ANTERIORES  
  • Declaración Constitucional No 0003/01 de 31 de julio de 2001

De la Declaración Constitucional, puede leerse una interpretación de la Constitución Política del Estado reformada de 13 de abril de 2004 en la que el Tribunal Constitucional da curso a una sucesión presidencial sin ninguna formalidad, es decir sin que se emita una ley ni una resolución congresal. Esto debido a que el Tribunal Constitucional otorga mayor importancia a la inmediatez de la sucesión presidencial.

El precedente que se extrajo de dicha Declaración Constitucional es el siguiente: “Que, consiguientemente, lo establecido en el art. 91 no es aplicable al caso concreto consultado, dado que aquí se está frente a una sucesión presidencial, originada en la vacancia de la Presidencia de la República, ocasionada por la renuncia del Jefe de Estado y no a un acto de proclamación, no requiriéndose de Ley ni de Resolución Congresal para que el Vicepresidente asuma la Presidencia de la República; si no que conforme al texto y sentido de la Constitución, el Vicepresidente asume ipso facto la Presidencia de la República hasta la finalización del período constitucional; cualquier entendimiento distinto podría atentar contra la inmediatez en la sucesión presidencial, prevista en el orden constitucional”.

  • Sentencia Constitucional 0076/2005 de 13 de octubre de 2005

La Sentencia se pronunció sobre la constitucionalidad de una ley y un decreto y en la parte saliente de la argumentación que presentó el ex presidente de Bolivia Eduardo Rodríguez Veltzé se anota lo siguiente:

“la doctrina constitucional acepta la teoría de la mutación constitucional, siempre que exista una excepción dentro de la propia Constitución, permitiendo la modificación de la aplicación de algunos artículos por hechos excepcionales, pero sin cambiar la esencia de lo que dichos artículos disponen, permitiendo su posterior aplicación.  Tal es el caso del 93.III de la CPE, ya que al realizarse la excepción (sucesión constitucional) de que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia tome el cargo de Presidente de la República, obliga a que se llame a elecciones generales dentro de los 180 días siguientes, acortando los cinco años de duración del periodo constitucional para el Presidente, Senadores y Diputados”

“Añade que en “materia de interpretación del derecho constitucional”, se rechaza toda posición de pureza metodológica, correspondiendo en esta materia el logro de un resultado que propone desentrañar el verdadero y correcto sentido de la norma jurídico constitucional que satisfaga la finalidad última del Derecho: la paz social y el bienestar general, haciendo posible el cumplimiento integral de sus fines esenciales por parte del individuo y el Estado. En ese sentido, el constitucionalista César Enrique Romero señala que una de las perspectivas desde la cual puede interpretarse la Constitución es el método político, que urge ir más allá de la mera comprobación dogmática de las prescripciones constitucionales, debiendo preguntarse el intérprete sobre la verdad del régimen político que la Constitución ha receptado normativamente en cuanto a su real vigencia en la sociedad”

“La Constitución Política del Estado es, en esencia, el resultado de un acuerdo político que emerge de la voluntad soberana del pueblo, siendo las reformas constitucionales también decisiones políticas respecto a las cuales no cabe su judicialización”.

Sección 2.02 HISTORIA EN BOLIVIA

Como consecuencia de una grave crisis política, Bolivia resolvió, en dos ocasiones en su historia, coyunturas de gran crispación a través de pactos políticos que obedecieron a una necesidad pacificar el país y retornarla al redil de la institucionalidad:

•           El 16 de noviembre de 1979, las Fuerzas Armadas de Bolivia a la cabeza del coronel Natusch Busch, junto a los partidos políticos con representación parlamentaria y figuras políticas, en conjunción con la COB, en representación de los trabajadores, decidieron posesionar a Lidia Gueiler Tejada como presidente interina para pacificar el país y convocar a elecciones nacionales.

•           En noviembre de 1984, producto de una hiperinflación de hasta  25.000%  acompañada de huelgas y protestas, se convoca, a petición de la iglesia, a una negociación con los principales actores políticos de la época en la que se acuerda el recorte de un año al mandato constitucional de Hernán Siles Suazo y la convocatoria a elecciones nacionales.

Sección 2.03 COMUNICADO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2019

“[…] considerando la grave situación política y social que atraviesa nuestro país que han dejado las renuncias a la Presidencia, Vicepresidencia del Estado, así como las Presidencias de las Cámaras de Senadores y Diputados […] Con la finalidad de preservar el Estado Constitucional de Derecho, la vigencia de la Constitución y el respeto de los derechos y garantías constitucionales, asegurar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, y el principio de continuidad, según el cual el funcionamiento del órgano ejecutivo de forma integral no debe verse suspendido, considera pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional contenida en la Declaración Constitucional 0003/01 de 31 de julio de 2001, que interpretó el artículo 93.I y III de la Constitución Política del Estado abrogada, referido a la sucesión presidencial, cuyos términos son similares a los contenidos en el art. 169.I de la CPE vigente – excluyendo de dicha sucesión al Presidente del Tribunal Supremo de Justicia -, estableció en su Considerando III, apartado “111.3”, lo siguiente “… frente a una sucesión presidencial, originada en la vacancia de la Presidencia de la República, ocasionada por la renuncia del jefe de Estado y no a un acto de proclamación, no requiriéndose de Ley ni de Resolución Congresal para que el Vicepresidente asuma la presidencia de la República; sino que conforme al texto y sentido de la Constitución, el Vicepresidente asume ipso facto la presidencia de la República (…) cualquier entendimiento distinto podría atentar contra la inmediatez en la sucesión presidencial, prevista en el orden constitucional”.

“Consecuentemente, para la sucesión presidencial deberá aplicarse el contenido del art, 169.I de la CPE, tomando en cuenta la parte pertinente del precedente jurisprudencial de la Declaración Constitucional 0003/01 de 31 de julio de 2001”.

Artículo III. LA LENTE DEL OBSERVATORIO

Sección 3.01 DEL ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL Y DECISIÓN POLÍTICA

Recordemos que una de las críticas a la posesión de la nueva Presidencia, fue el vacío legal que existe en la constitución, para que la sucesión Presidencial recaiga en la Presidenta de la Cámara de Cenadores, ya que la constitución solo prevé la sucesión presidencial de la siguiente manera:

Artículo 169. I. “En caso de impedimento o ausencia definitiva de la Presidenta o del Presidente del Estado, será reemplazada o reemplazado en el cargo por la Vicepresidenta o el Vicepresidente y, a falta de ésta o éste, por la Presidenta o el Presidente del Senado, y a falta de ésta o éste por la Presidente o el Presidente de la Cámara de Diputados. En este último caso, se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de noventa días.”

Sin embargo; la doctrina expone que, las normas constitucionales y legales se reforman y alteran con alguna frecuencia para adecuarlas a realidades y necesidades o para perfeccionar las instituciones; y por consecuencia, ese orden jurídico continúa siendo el mismo por esencia. Maurice Hauriou, expuso que existen principios que no necesitan encontrarse en texto alguno debido a que lo característico de ellos es existir y valer sin aquél, puesto que, “integran una especie de legitimidad constitucional” por encima del propio texto constitucional.

Del mismo modo, para Karl Schmitt, “la constitución es el resultado de una decisión política…”  de forma que el fundamento y fuerza normativa del texto constitucional no se encuentra en el ámbito jurídico (otra norma) sino en el político; es decir, en el acuerdo de diversos sectores estratégicos de la sociedad, y de esta forma emitir decisiones, las cuales son las determinaciones más profundas y sentidas de la sociedad.

De la Constitución boliviana vigente, el Tribunal Constitucional Plurinacional estableció la aplicabilidad de la Cláusula sobre la Sucesión Presidencial Ipso Facto (de inmediato), estableciendo que son innecesarias las formalidades y solemnidades que pudieran alegarse, aplicando directamente el artículo 170, en concordancia al artículo 169 I, infiriéndose, a través de una interpretación de legitimidad, política, constitucional y legal que por el Principio de Continuidad no puede quedar acéfalo el cargo de Presidente, aplicándose la cláusula de sucesión presidencial no solamente ipso facto, sino sobre todo aplicándose la sucesión presidencial ipso iure ante la cesación del Presidente y Vicepresidente como consecuencia de su ausencia definitiva voluntaria, emergente del asilo en los Estados Unidos de México y; en el mismo sentido, ante la renuncia de Adriana Salvatierra, en su calidad de Presidenta del Senado, junto a la renuncia también de la Primera Vicepresidencia de la referida Cámara de Senadores, asumió la Presidencia de dicha Cámara, la Segunda Vicepresidente, función pública investida por la Dra. Jeanine Añez Chávez y, de manera inmediata, asumiendo de manera ipso iure y, en consecuencia ipso facto, la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, por simple efecto de la ley con base en los hechos que generaron la aplicación de la cláusula de sucesión constitucional. Por tanto, el Tribunal Constitucional Plurinacional, como órgano especializado en el control de constitucionalidad, independiente e imparcial y como último y definitivo interprete de la voluntad del legislador constituyente, basados en la Declaración Constitucional No 0003/01 de 31 de julio de 2001, y en apego a un análisis integral, legal, político y, sobre todo legítimo, emite un Comunicado Constitucional estableciendo la eficacia de la aplicabilidad de la SUCESIÓN PRESIDENCIAL IPSO FACTO en el caso específico y, complementando el marco legal constitucional a favor de la sucesión constitucional ipso iure en caso de la ausencia definitiva referida, y en consecuencia atribuyendo inmediatamente un deber jurídico, asumiendo el cargo de Presidenta Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, que debe ser cumplido ahora por la DRA. JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ

Análisis realizado por :

Julio Salazar

Julio Salazar

Coordinador general

Sheila Rivera

Sheila Rivera

Directora del Proyecto

Giovani Cuba

Giovani Cuba

Coordinador de proyectos

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3 comentarios

  • Muy interesante análisis legal y jurisprudencial. Creo necesario difundirlo ampliamente en estos momentos de incertidumbre en Bolivia. Gracias!

    Alan Vargas
    Responder
  • Excelente análisis. Felicitaciones

    Fernando Quiroz
    Responder
  • Como Gobierno transitorio, que atribuciones le corresponde?

    Carmen Villegas
    Responder

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