ANÁLISIS DE LA LEY EXCEPCIONAL DE PRÓRROGA DEL MANDATO CONSTITUCIONAL DE AUTORIDADES ELECTAS

ANÁLISIS DE LA LEY EXCEPCIONAL DE PRÓRROGA DEL MANDATO CONSTITUCIONAL DE AUTORIDADES ELECTAS

ANÁLISIS  DE LA LEY EXCEPCIONAL DE PRÓRROGA DEL MANDATO CONSTITUCIONAL DE AUTORIDADES ELECTAS

Artículo I.             SÍNTESIS

Sección 1.01   ANTECEDENTES  

La presente Declaración Constitucional obedece a la solicitud impetrada por la actual Presidenta en ejercicio de la Cámara de Senadores de Bolivia MÓNICA EVA COPA MURGA, quien  en fecha 24 de diciembre de 2019, mediante memorial se apersonó al Tribunal Constitucional Plurinacional a fin de que el mismo realice el respectivo Control de Constitucionalidad a  LA LEY EXCEPCIONAL DE PRÓRROGA DEL MANDATO CONSTITUCIONAL DE AUTORIDADES ELECTAS, mismo que fue respondido mediante la DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0001/2020 DE 15 DE ENERO DE 2020.

Sección 1.02   REFERENCIAS DE LA CONSULTA

La Cámara de Senadores por intermedio de la Resolución Camaral 062/2019-2020 dispuso aprobar por unanimidad la remisión del proyecto de LEY EXCEPCIONAL DE PRÓRROGA DEL MANDATO CONSTITUCIONAL DE AUTORIDADES ELECTAS ante el Tribunal Constitucional Plurinacional a fin de realizar el control de constitucionalidad a priori de la mencionada norma, la cual, en sus 4 artículos, pretende generar la prórroga del mandato de las autoridades electas ejecutivas y legislativas nacionales y subnacionales, así como de los Asambleístas, para poder restablecer la NORMALIDAD CONSTITUCIONAL.

Sección 1.03   LEY EXCEPCIONAL 

ARTÍCULO 1 (OBJETO). – La presente Ley tiene por objeto excepcionalmente prorrogar el período de mandato constitucional de la Presidenta del Estado Plurinacional, las y los Asambleístas de la Asamblea Legislativa Plurinacional y las Autoridades Electas de las Entidades Territoriales Autónomas, para restablecer la normalidad constitucional.

ARTÍCULO 2 (MARCO NORMATIVO). – Esta Ley se fundamenta en los Artículos 1, 7, 9, 11, 12, 156, 168, 272, Parágrafo II del 285, 288, Parágrafo IV de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Política del Estado y la Ley N° 1266 de ‘28’ de noviembre de 2019, Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales.

ARTÍCULO 3 (ÁMBITO DE APLICACIÓN). – La presente Ley será de aplicación obligatoria para la Presidenta del Estado Plurinacional, las y los Asambleístas de la Asamblea Legislativa Plurinacional y las Autoridades Electas de las Entidades Territoriales Autónomas. 

ARTÍCULO 4 (PRÓRROGA EXCEPCIONAL DEL MANDATO DE AUTORIDADES). – Excepcionalmente se prórroga el mandato de la Presidenta del Estado Plurinacional, las y los Asambleístas de la Asamblea Legislativa Plurinacional y las Autoridades Electas de las Entidades Territoriales Autónomas elegidas para el período 2015 – 2020 hasta la posesión de las nuevas autoridades electas para el período 2020 – 2025”

Sección 1.04   NORMAS CONSTITUCIONALES OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO
  • Constitución Política del Estado:
  • Artículo 1
  • 9
  • Artículo 11
  • Artículo 12
  • Artículo 156
  • Artículo 168
  • Artículo 272
  • Artículo 285
  • Artículo 288
  • Disposición Transitoria Primera
  • Ley No. 1266 de 24 de noviembre de 2010

Articulo II.     CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Sección 1.01   CONTROL PREVIO DE CONSTITUCIONALIDAD

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la sentencia constitucional 0923/2013 de 20 de junio de 2013 estableció que:

“… en el marco de la ingeniería orgánica diseñada por la Función constituyente para el sistema jurisdiccional plural y concentrado de control de constitucionalidad, en un análisis sistémico de su estructura orgánica, se tiene que esta instancia, tiene dos brazos específicos de ejercicio de control de constitucionalidad: 1) El control preventivo de constitucionalidad; y, 2) El control posterior o reparador de constitucionalidad. El control preventivo de constitucionalidad, tiene la finalidad de activar los roles de control de la eficacia del bloque de constitucionalidad y de derechos fundamentales de manera previa a la vigencia de cualquier norma de carácter general, en base a esta teleología, el art. 202.7 disciplina las consultas de la Presidenta o Presidente de la República, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia o del Tribunal Agroambiental, sobre la constitucionalidad de proyectos de ley, atribución que se encuentra enmarcada en el ámbito del control preventivo de constitucionalidad. De la misma forma, el control previo de constitucionalidad de tratados internacionales, de acuerdo a la atribución inserta en el art. 202.9 de la CPE, se encuentra también dentro de este ámbito de control de constitucionalidad, roles que serán conocidos y resueltos por el Pleno del Tribunal Constitucional Plurinacional…”

Para el presente proyecto de ley se dio el control previo de constitucionalidad, todo ello conforme al artículo 196 I. de la Constitución, el cual prevé que la justicia constitucional se ejerce a través del Tribunal Constitucional Plurinacional cuya finalidad es velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado.

Sección 1.06 LAGUNA LEGAL Y EL VACÍO DE PODER

Debemos entender que dentro de la doctrina jurídica incluyendo la aplicada dentro del razonamiento utilizado en la fundamentación de la presente Declaración, vemos 4 tipos de lagunas judiciales, las cuales son;

  • Laguna Normativa:  Hace referencia a la inexistencia de precepto jurídico (normativo) emanado por una autoridad competente
  • Laguna Técnica: Hace referencia a la inexistencia de una norma que causa como efecto la inaplicabilidad de otra norma.
  • Laguna Axiológica: Refiere a la inexistencia de preceptos o normativas jurídicas, de carácter ético-político, que se considera necesaria.
  • Laguna Institucional: Señala que existe ausencia de un ente el cual es imprescindible su existencia para el funcionamiento del ordenamiento de la misma.

Bajo todos los antecedentes mencionados, se entiende que se ha producido una amenaza de fractura del orden constitucional, a saber, la inexistencia de autoridades electas para suplir a las autoridades salientes; y que como consecuencia producirse la inminente acefalia en los cargos de Asambleísta Legislativa Plurinacional y de la Presidencia, además de los miembros de los Órganos Ejecutivo y Legislativo de los Gobiernos Autónomos del nivel subnacional.

Es previsible un inminente vacío de poder que genera una tensión con el precitado límite constitucional de cinco años para el mandato de las autoridades electas; consecuentemente, la interpretación puramente literal, resulta insuficiente para establecer la constitucionalidad o no de los artículos 1 y 4 del proyecto de la Ley en cuestión, considerando que se ha producido una laguna normativa dentro de la constitución, la cual provocaría un vacío institucional, en tanto, el tenor literal de los artículos 156, 168, 285.II y 288, no son suficientes para resolver el problema fáctico; por lo que, ante la situación excepcional y en este caso particular, para darle sentido a la norma constitucional y obedeciendo al propósito de la interpretación que es materializar y dar vida a las normas constitucionales interpretadas, necesariamente deben considerarse otros factores adicionales como la voluntad del constituyente, los principios y valores constitucionales, la finalidad de la norma y los objetivos de la Norma Suprema; en procura de materializar el objetivo constitucional de la Ley Fundamental, mediante una visión sistémica, integradora y adecuada de la propia constitución.

Articulo III. LA LENTE DEL OBSERVATORIO

Sección 1.07 PRÓRROGA DE MANDATO EN LA CONSTITUCIÓN

Como un antecedente de esta figura la establece la misma Constitución, la cual prevé en su disposición transitoria primera la figura excepcional de prórroga del mandato de autoridades subnacionales constitucionales electas:

IV. Excepcionalmente se prorroga el mandato de Alcaldes, Concejales Municipales y Prefectos de Departamento hasta la posesión de las nuevas autoridades electas de conformidad con el párrafo anterior

Este régimen excepcional tiene las siguientes características:

  • Su carácter excepcional, que particularmente llevó a la implementación de un nuevo régimen electoral.
  • La limitación en su tiempo de duración es restrictiva, pues el mandato constitucional no dispuso una prórroga ilimitada, siendo viabilizada únicamente hasta la posesión de nuevas autoridades.
  • Su aplicación por parte del constituyente no ha respondido a un carácter discrecional o arbitrario, sino que se encuentra justificada por una situación objetivamente evidenciable.
  • Únicamente debe perseguir alcanzar el fin objeto constitucional.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL


“1° La CONSTITUCIONALIDAD de los arts. 1 y 4 del proyecto de la Ley 160/2019-2020 “CS”, Ley Excepcional de Prórroga del Mandato Constitucional de Autoridades Electas, de los Órganos del Poder Público del nivel central (Órganos Ejecutivo y Legislativo) y de las autoridades electas de los Órganos Ejecutivo y Legislativo de los Gobiernos Autónomos del nivel subnacional; conforme a los fundamentos, razonamientos y argumentos jurídico constitucionales contenidos en la presente Declaración Constitucional Plurinacional; y,

2° Exhortar a todos los Órganos del Poder Público del nivel central y subnacional, a cumplir con las funciones y atribuciones constitucionalmente previstas, así como contribuir en la generación de condiciones que garanticen el desarrollo de los procesos electorales, tanto del nivel central como subnacional, que permitan contar con autoridades electas y posesionadas en los tiempos determinados por Ley, las convocatorias y los Calendarios Electorales respectivos”.

INTERPRETACIÓN DEL OBSERVATORIO

Referimos que no se persigue ningún interés particular, ni se emplea para beneficiar a alguna de las autoridades electas, sino que, en los hechos, constituye un instrumento destinado a reforzar y reafirmar el principio de soberanía constitucional y el sistema representativo. Para el caso boliviano, conforme se tiene descrito anteriormente, al mantener únicamente a las autoridades designadas por voto popular, determinando la prórroga de su mandato como instrumento temporal mientras se eligen a las nuevas autoridades, hasta que el pueblo boliviano exprese su voluntad (mediante su voto) para designar a nuevas autoridades

Es importante poner de relieve que el basamento de un sistema constitucional recae, también, en su cultura democrática y es en esta medida en la que puede entenderse esta Declaración Constitucional. Sus antecedentes fueron necesarios para su propia  efectividad, es decir que los acuerdos políticos que le dieron vida, primero, la ley de Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales de noviembre de 2019, la convocatoria a las elecciones nacionales y sub nacionales que emitió el Órgano Electoral Plurinacional, la Ley Excepcional de Prórroga del Mandato Constitucional de Autoridades Electas y, por último, la presente Declaración Constitucional, fueron y son, todas juntas, producto de un ambiente de deliberación y negociación democrática que son finalmente formalizadas en las instituciones creadas y reguladas por la Constitución y leyes.

La interpretación basada en hechos no previsibles y extraordinarios que concitó una colisión entre una prórroga de mandato frente a un límite temporal terminó ponderado, por el Tribunal Constitucional Plurinacional, el ejercicio del poder público, la continuidad  del desenvolvimiento institucional de la administración pública, la separación de los órganos de públicos, la estabilidad democrática, la garantía del ejercicio de los derechos fundamentales y, todo ello por consecuencia de la previsión de no dejar un vació de poder. La ausencia de autoridades legal y legítimamente constituidas, de acuerdo a los preceptos constitucionales, haría retornar el debate a la hipótesis política y sociológica planteada por Tomas Hobbes en la que el hombre era el lobo del hombre por la falta de un contrato social que diera lugar a un Leviatán.

Asimismo, el carácter excepcional y abstracto de naturaleza de la ley objeto de análisis, sobre la que se Declaró su constitucionalidad, otorga mayor consideración jurídica por la cantidad sujetos en los que recae la prórroga, que hace que sea más regulado al recaer en todas las autoridades de carácter electa; y excepcional por una vigencia única, cuyo objeto cumplido deviene en su extinción y, por tanto, un retorno a una situación normal y prevista por los preceptos constitucionales.

Análisis realizado por :

Julio Salazar

Julio Salazar

Coordinador general

Sheila Rivera

Sheila Rivera

Directora del Proyecto

Giovani Cuba

Giovani Cuba

Coordinador de proyectos

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