ANÁLISIS DE LA LEY DE RÉGIMEN EXCEPCIONAL Y TRANSITORIO PARA LA REALIZACIÓN DE ELECCIONES GENERALES

Registro OJ-ALP-A2/11/2019

ANÁLISIS DE LA LEY DE RÉGIMEN EXCEPCIONAL Y TRANSITORIO PARA LA REALIZACIÓN DE ELECCIONES GENERALES

Artículo I.          SÍNTESIS

Sección 1.01  ANTECEDENTES  

A partir de los hechos políticos, sociales, históricos y en cumplimiento al Artículo 169.I. de la Constitución Política del Estado que establece la línea de sucesión constitucional presidencial, la Segunda Vicepresidenta de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional asumió la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia en fecha 12 de noviembre de 2019.

El gobierno transitorio de la presidenta Dra. Jeanine Añez Chávez, al asumir el mando del Estado Plurinacional de Bolivia, señaló que los objetivos principales de su gestión son la pacificación del país y la convocatoria a elecciones generales en el plazo más corto posible. Sin embargo, para llevar a cabo la nueva contienda electoral se debía consensuar entre los actores políticos la vía más idónea mediante la cual se llamarían a la contienda electoral tan requerida por nuestro país.

Sección 1.02  DECRETO

En una primera oportunidad se consideró emplazar a elecciones generales mediante un decreto supremo emitido por la presidenta interina puesto que existen antecedentes históricos que nos permiten afirmar que, en casos de grave crisis política y vacío de poder, es constitucional reconocer en la Presidencia del Estado la facultad para emitir decretos y normas con el objeto de superar el estado de crisis y preservar la democracia y paz del país.

Como hechos relevantes tenemos el mandato del ex presidente Eduardo Rodríguez Veltzé, quien por la crisis vivida en ese entonces por nuestro país emitió la siguiente normativa:

Decreto Supremo No.28228 de 6 de julio de 2005 que convocó a elecciones generales en todo el territorio del país para elegir los cargos de presidente, vicepresidente, senadores y diputados.

Del mismo modo, se emitió el Decreto No. 28429 de 1 de noviembre de 2005, el cual estableció la redistribución de escaños parlamentarios. Del mismo modo; el Tribunal Constitucional emitió la Declaración Constitucional No. 003/2001, la cual establecía que cualquier entendimiento distinto podría atentar contra la inmediatez en la continuidad del funcionamiento del gobierno del Estado, por lo que es de necesidad inmediata y urgente la convocatoria a elecciones generales para cubrir las vacancias dejadas por las renuncias del Presidente y Vicepresidente del Estado.

Los hechos anteriormente mencionados estaban constitucionalmente avaladospor la anterior Constitución Política del Estado de 2004 que en su artículo 96 parágrafo 16 literalmente expone:

“articulo 96. Son atribuciones del presidente de la Republica: … 16. Nombrar interinamente, en caso de renuncia o muerte, a los empleados que deban ser elegidos por otro poder cuando este se encuentre en receso”

Empero, la vigente Constitución no contempla esta figura, sin embargo, en la Gestión (2009-2014) el gobierno del ex Presidente Evo Morales, siguió utilizándose esta perspectiva.

Tal es el caso del Decreto Supremo No. 432 de 17 de febrero de 2010 cuyo objeto radicó en la designación de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional y los miembros del Consejo de la Magistratura.

Otro antecedente fue el Decreto Supremo No.28993 de 30 de diciembre de 2006 por el cual se designó a cuatro ministros de la Corte Suprema de Justicia que en ese momento se encontraban en la imposibilidad de asumir sus actos y dejaban, por consecuencia lógica, en vacancia sus cargos.

Asimismo, el Tribunal Constitucional ser pronunció mediante Sentencia Constitucional 0018/2007 de 9 de mayo declarando la constitucionalidad del Decreto Supremo N.º 28993 de 30 de diciembre de 2006 exhortando al Congreso Nacional para que, en uso de sus atribuciones, designe a la brevedad posible a los ministros titulares de la Corte Suprema de Justicia para cubrir las acefalías.

En concordancia con el artículo 4 del Código de Procedimiento Constitucional, estas resoluciones supremas dictadas por el Presidente del Estado, gozan de presunción de constitucionalidad, de acuerdo al siguiente tenor:

Se presume la constitucionalidad de Toda norma de los órganos del Estado en todos sus niveles, en tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional no declare su inconstitucionalidad”.

Sección 1.03  LEY EXCEPCIONAL 

La solución optada por el gobierno interino de la Dra. Jeanine Áñez Chávez y por consecuencia de los pactos políticos alcanzados por los partidos políticos con representación parlamentaria fue la promulgación de la LEY DE RÉGIMEN EXCEPCIONAL Y TRANSITORIO PARA LA REALIZACIÓN DE ELECCIONES GENERALES, que fue posible gracias a la predisposición y ánimo de pacificación del país de todos los actores políticos. Los proyectos de ley de convocatoria a elecciones fueron propuestos tanto por la Bancada del MAS como por la Presidenta del Estado. La simbiosis de ambas propuestas terminó siendo tratada por la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, posteriormente fue aprobada por unanimidad por la Cámara de Senadores (cámara de origen) y enviada a la Cámara de Diputados (cámara revisora) donde una vez debatido fue aprobada en grande y detalle el 23 de noviembre de 2019 para, finalmente, ser promulgada por la Presidente Constitucional Dra. Jeanine Áñez Chávez.

La Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales tiene la finalidad de llevar a cabo una contienda electoral en el menor tiempo posible, por los hechos coyunturales vividos en nuestro país a partir de las elecciones del 20 de octubre de 2019 pringado de irregularidades.

Sección 1.04  NORMAS CONSTITUCIONALES OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO  
  • Constitución Política del Estado:
  • Artículo 11
  • 158. IV.
  • Articulo 166
  • Artículo 205
  • Artículo 206
  • Artículo 207
  • Artículo 208
  • Ley No. 018 del Órgano Electoral Plurinacional:
  • Articulo 77
  • Ley No. 026 del Régimen Electoral:
  • 53
  • Articulo 177.III.
  • Ley No. 1096 de Organizaciones Políticas:
  • Artículo 13. III.
  • Articulo 29
  • Articulo 51
  • Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales.

Artículo II.       OBJETIVO DE LA NORMA

La Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales tiene por objeto establecer un régimen excepcional y transitorio para la designación de Vocales del Tribunal Supremo Electoral, Tribunales Electorales Departamentales y la tan necesitada realización de las Elecciones Generales 2020,  para elegir Presidente, Vicepresidente del Estado, Senadores, Diputados y Representantes ante Organismos Parlamentarios Supraestatales para el periodo de mandato constitucional 2020 – 2025. Esta norma deja sin efecto las elecciones generales realizadas el 20 de octubre de 2019 y sus resultados, todo ello a consecuencia de las irregularidades electorales convalidadas tras un informe preliminar de la OEA.
Sección 2.01  PLAZOS  

Para determinar los plazos establecidos dentro de esta ley, se debe tomar en cuenta que, de forma excepcional y únicamente para las Elecciones Generales 2020, no se aplicarán los plazos establecidos en las siguientes leyes:

•           Ley No. 018 del Órgano Electoral, artículo 77 parágrafo III, la cual establece que en 45 días antes de la votación, se elaboraría una lista de personas habilitadas para votar y la lista de personas inhabilitadas, por cada mesa de sufragio.

•           Ley No. 026 del Régimen Electoral, artículo 53, la cual señala que la segunda vuelta electoral se efectuará en el plazo de 60 días después de la primera votación. Además, el artículo177 parágrafo III, señalando que, declarada la nulidad de actas electorales, se repetirá el acto de votación el segundo domingo siguiente de realizada la elección.

•           Ley No. 1096 de Organizaciones Políticas, artículo 13.III, mediante la cual se establecen plazos para la habilitación en procesos electorales a los partidos políticos y las agrupaciones ciudadanas, los cuales deberían haber concluido su trámite de constitución y reconocimiento en al menos 90 días antes de la convocatoria a la elección en el nivel subnacional y 120 días antes de las elecciones primarias para las elecciones generales.

Estas disposiciones son suspendidas a efectos de que se reduzcan los plazos, emergentes de la contienda electoral.

A continuación, una breve descripción de los plazos establecidos, señalando que la norma fue promulgada el pasado 24 de noviembre de año en curso y que a partir de esta fecha corren los plazos.

ELECCIÓN DE VOCALES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
De forma excepcional los Vocales Titulares y Suplentes del Tribunal Supremo Electoral cesarán en sus funciones a partir de la promulgación de la Ley (art. 4)
Acción Plazo Art. Autoridad responsable Observación
  Reglamento de designación de Vocales 3 días, a partir de la promulgación de la ley, el mismo será remitido en el día a las Asambleas Legislativas Departamentales.   9.I.   Cámara de Diputados Este reglamento establecerá los criterios, parámetros y procedimientos de evaluación y designación según capacidad y mérito, para la preselección y conformación de las ternas de postulantes a vocales.
  Proceso electivo de Vocales 20 días, a partir de la promulgación del Reglamento emitido por la Cámara de Diputados   5 y 6   Asamblea Legislativa Plurinacional La posesión de los vocales electorales deberá realizarse al día siguiente de su elección, debiendo iniciar sus funciones inmediatamente. Además, dentro de los vocales   al menos 2 serán de origen IOC. y al menos 3 serán mujeres.  
     
TRIBUNALES ELECTORALES DEPARTAMENTALES
De forma excepcional los Vocales Titulares y Suplentes de los Tribunales Electorales Departamentales cesarán en sus funciones a partir de la promulgación de la Ley (art. 8)
Acción Plazo Art. Autoridad responsable Observación
  Proceso de selección de vocales. 20 días, desde la recepción del Reglamento aprobado por la Cámara de Diputados.   9.II. y 9.III.   Asamblea Legislativa Departamental   Las ternas seleccionadas deberán ser remitidas a la Cámara de Diputados, en el día de la selección.
  Elección de vocales 2 días, a partir de la recepción de las ternas   10 y 11 Cámara de Diputados En caso de que alguna Asamblea Departamental no envíe a la Cámara de Diputados las ternas correspondientes en el plazo establecido, el Tribunal Supremo Electoral asumirá plenamente la administración del Tribunal Electoral Departamental, hasta que se elijan los Vocales Electorales Departamentales.
   
ELECCIONES GENERALES
Acción Plazo Art. Autoridad responsable Observación
Convocatoria a elecciones generales 2020 2 días, después de la posesión de vocales del Tribunal Supremo Electoral 12.I. Tribunal Supremo Electoral  
Elecciones generales 2020 120 días después de la convocatoria 12.II Tribunal Supremo Electoral  
Inscripción de nuevos votantes o actualización de datos Período excepcional de 7 días calendario 13 y 14 SERECI Se realizará tareas de saneamiento del Padrón Electoral, de igual manera, se deberá elaborar y publicar la lista de habilitados y la lista de inhabilitados para votar.
Registro de alianzas políticas 10 días, antes de la inscripción de candidaturas. 17 Tribunal Supremo Electoral Podrán participar todas las organizaciones políticas de alcance nacional con registro vigente a la promulgación de la ley.
Presentación de Candidaturas. Según calendario electoral. 18 y 19 Tribunal Supremo Electoral Los candidatos serán propuestos por organizaciones políticas y alianzas cumpliendo los requisitos establecidos en la normativa. Los ciudadanos que hubieran sido reelectos de forma continua a un cargo electivo durante los dos periodos constitucionales anteriores, no podrán postularse como candidatos al mismo cargo electivo.
Cómputo nacional de votos. Máximo 7 días calendario de efectuada la votación. 21 Tribunal Supremo Electoral  
Repetición de votación Se ampliará el plazo a 14 días calendario de culminada la votación. 21.I. Tribunal Supremo Electoral  
Segunda vuelta 45 días, después de la elección. 22 Tribunal Supremo Electoral El cómputo nacional de votos resultados a nivel nacional deberá realizarse en un plazo máximo de 7 días calendario de efectuada la votación.  En caso de la repetición de votación se ampliará el plazo a 14 días calendario.
Entrega de credenciales a autoridades electas 5 días, posterior a la entrega de calendarios 23.I. Tribunal Supremo Electoral  
Posesión de autoridades Electas. 15 días, posterior a la entrega de credenciales. 23.II Asamblea Legislativa Plurinacional  

Artículo III.     LA LENTE DEL OBSERVATORIO

Sección 3.01          SOSTÉN JURISPRUDENCIAL

La convocatoria a unas elecciones políticas se constituye un elemento central y su desarrollo normativo para poner en funcionamiento los mecanismos y modos, en un elemento accesorio. Debido a ello, la jurisprudencia constitucional señaló que este desarrollo normativo puede darse a partir de una ley o un decreto.

La Sentencia Constitucional 0069/2004 de 14 de julio de 2004 realizó un control de constitucionalidad sobre un decreto que convocaba a un referendo y que, bajo el argumento de los accionantes, dicho referendo debía ser normado sólo mediante ley.

Bajo estos antecedentes, el Tribunal Constitucional estableció que la concreción de un derecho humano y fundamental, el derecho político, no puede ser condicionada por normas internas. Debido a ello, el Tribunal Constitucional entendió que “el Poder Ejecutivo, ante la ausencia de una ley de desarrollo, podrá válidamente convocar a un referéndum en aplicación directa del derecho fundamental”.

Bajo el mismo entendimiento y trazando analogías, la convocatoria a elecciones de 2020 en virtud a la LEY DE RÉGIMEN EXCEPCIONAL Y TRANSITORIO PARA LA REALIZACIÓN DE ELECCIONES GENERALES estuvo bajo las acciones probables de los actores políticos de realizarla por efecto de una ley o de un decreto, pero con el objetivo teleológico de concretar, en última instancia, un gobierno construido desde el voto de cada ciudadano.

Es de esta forma que el Tribunal Constitucional manifestó la “aplicación directa de los derechos fundamentales se explica en el hecho de que los mismos están destinados a asegurar el libre desenvolvimiento de los ciudadanos, así como a posibilitar su decisiva participación en el sistema político de cada País”.

De otro lado, dicha ley está caracterizada indeleblemente por su calidad de transitoria y excepcional. Es decir que estas dos peculiaridades se traducen en que su vigencia sólo está restringida a convocar las elecciones nacionales de 2020 para los cargos de presidente, vicepresidente, diputados y senadores y para las elecciones subnacionales departamentales y municipales. Asimismo, su vigencia cesará una vez se cumpla con los objetivos de las elecciones, pues para las elecciones de 2025, esta ley no tendrá asidero.

Por otro lado, el artículo 23 (sobre derechos políticos) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), ratificado mediante Ley 1430 de 11 de febrero de 1993, debe ser aplicado de manera preferente por tratarse de una norma internacional sobre Derechos Humanos, tal como lo establece la Constitución en su artículo 256 en concordancia al 410.

Esto debido a que la Norma Suprema coloca a la Convención, de manera expresa, dentro del bloque de constitucionalidad y en función a articulación que debe existir entre el ordenamiento interno de Bolivia y el corpus iuris internacional sobre derechos humanos, todos los órganos del estado, ya sean estos el ejecutivo, el legislativo, el jurisdiccional y el electoral boliviano deben aplicar la Convención desde sus distintas funciones asignadas por la arquitectura constitucional para avanzar progresivamente con la materialización de los derechos, en este caso políticos.

Sin embargo, dentro de todo, la convocatoria excepcional y transitoria a elecciones del 2020 fue el resultado de un pacto político que se gestó dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, recinto donde institucionalmente deben deliberarse las cuestiones fundamentales de país y apartó la posibilidad de haberlo hecho desde un decreto. Si bien sobre el decreto hubiera podido alegarse su constitucionalidad y legalidad, no hubiera podido ocultarse su falta de conceso y pluralidad.

La Asamblea Legislativa Plurinacional, como órgano de poder depositario de la soberanía popular, fue la entidad política que convocó a las elecciones venideras. Su papel dentro del efervescente escenario político reciente cumplió con el diseño constitucional y con las expectativas ciudadanas y de cumplirse todos los plazos señalados del calendario que se trazó la Ley, Bolivia ya elegiría a sus autoridades en julio de 2020 para posesionarla el 6 de agosto, fecha de celebración de la independencia del Estado Plurinacional de Bolivia.

Análisis realizado por :

Julio Salazar

Julio Salazar

Coordinador general

Sheila Rivera

Sheila Rivera

Directora del Proyecto

Giovani Cuba

Giovani Cuba

Coordinador de proyectos

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